UNA INICIATIVA PARA DESTACAR
Para que esa donación pueda terminar de concretarse, se aguardan las autorizaciones correspondientes solicitadas desde la justicia ordinaria al Ministerio de Salud bonaerense. Entre otros aspectos, con la finalidad de verificar que los medicamentos están aptos para el consumo. Habían sido secuestrados durante una serie de allanamientos que se hicieron en Azul, CABA y localidades del conurbano bonaerense el pasado 20 de octubre. Los procedimientos fueron ordenados por el Juez de Garantías que interviene en una investigación penal que se lleva adelante desde una Ayudantía Fiscal con sede en Tandil y está relacionada con la comercialización de esos productos en negocios no autorizados.
20 de noviembre de 2020
Una importante cantidad de medicamentos que durante el pasado mes de octubre habían sido secuestrados, en el marco de una investigación penal relacionada con la comercialización de los mismos fuera de la reglamentación vigente, serán donados al Hospital Municipal "Dr. Ángel Pintos" de Azul.
Así lo confirmaron ayer a EL TIEMPO voceros judiciales y policiales allegados a la instrucción de este sumario penal, que desde la Ayudantía Fiscal con asiento en Tandil que está a cargo de Fabio Molinero se viene llevando adelante desde meses atrás.
Esa causa cuenta también con la intervención de Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías 3 con asiento en el Palacio de Justicia de Azul.
Dicho magistrado había dispuesto los procedimientos que el 20 de octubre pasado posibilitaron los hallazgos y posteriores secuestros de grandes cantidades de medicamentos, los cuales al parecer se comercializaban de manera ilegal al público en lugares no habilitados, tales como despensas y kioscos.
Aquel día se habían llevado a cabo un total de 19 allanamientos, que tuvieron como objetivos domicilios particulares y comercios de Azul. También, una droguería, un depósito y las viviendas de las personas investigadas, las cuales residen en localidades del conurbano bonaerense, en CABA y también en esta ciudad.
Siete imputados
En ese sumario penal por venta ilegal de medicamentos y ejercicio ilegal de la farmacia figuran como imputadas un total de siete personas.
Entre ellas se mencionan a un matrimonio y a un hombre que viven en Azul, a quienes hace un mes les habían allanados sus respectivos domicilios, del mismo modo que sucediera con diferentes comercios de esta ciudad -en su mayoría almacenes y kioscos- donde esos medicamentos se vendían al público de manera ilegal al no tratarse de farmacias, que son los únicos negocios habilitados para tal fin.
Todos los investigados todavía no han sido indagados, una de las instancias por las cuales esta causa tiene que atravesar en la previa a que finalmente pueda concretarse la donación de los medicamentos. Algo que también está previsto que suceda después de que desde la justicia ordinaria, teniendo en cuenta las características de los ilícitos investigados, se decline la competencia en las actuaciones para que esta investigación penal continúe en el ámbito de la justicia federal.
Efectivos pertenecientes a la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Azul habían llevado a cabo esos procedimientos, contando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -exhorto mediante de un juez porteño- con la participación de agentes de la Policía de la Ciudad.
Según lo que fuera mencionado ayer por voceros policiales allegados a esta pesquisa, la totalidad de los medicamentos secuestrados el mes pasado tiene un valor estimado en unos diez millones de pesos.
Los trajeron a Azul
Después de que los medicamentos que se incautaron aquel 20 de octubre que pasó quedaron en depósito judicial, a través de gestiones realizadas de manera conjunta entre la justicia provincial y la Municipalidad de Azul fue posible trasladarlos a esta ciudad.
El miércoles que pasó el cargamento de medicamentos fue traído desde la Capital Federal al Hospital Pintos de Azul, donde ahora quedó depositado.
Para que el centro asistencial municipal pueda comenzar a disponer de la totalidad de estos medicamentos deben terminar de cumplimentarse una serie de requisitos relacionados con lo que sigue siendo la instrucción de este sumario penal.
En ese contexto, según lo explicado ayer a EL TIEMPO, para que dicha donación se formalice debe aguardarse la autorización del Juez de Garantías que entiende en esta causa, la cual el Ayudante Fiscal que lleva adelante esta investigación desde la justicia ordinaria tiene previsto solicitar próximamente. Según lo estimado, antes de que este año culmine.
Además, los remedios deberán ser sometidos a un control desde el Ministerio de Salud bonaerense, con la finalidad de determinar, entre otros aspectos, que estén aptos para su consumo.
"El fin último va a ser donarlos, aunque todavía no podemos ordenar oficialmente que eso se lleve a cabo, por lo que ahora están bajo la guarda del Hospital Pintos hasta que se cumplimenten todos los recaudos necesarios a tal efecto. En este caso específico, a través de los organismos que correspondan, quienes deberán determinar que esos medicamentos están en condiciones de ser donados para su consumo. Es importante destacar la finalidad de esta iniciativa, donde lo secuestrado producto de la investigación de un ilícito podrá después ser restituido a la sociedad de esta manera", le dijo ayer a EL TIEMPO el ayudante Fiscal Molinero sobre esta iniciativa.
El funcionario judicial tandilense destacó también lo realizado en materia de logística desde la Municipalidad -a través de Walter Surget, el secretario de Control Ciudadano- para hacer efectivo el traslado de los medicamentos en un camión y una combi al Pintos, contando también para eso con la labor desarrollada por el personal policial ligado a esta investigación.
Ahora los medicamentos están depositados en el hospital local, hasta que finalmente culminen las gestiones para que ese centro asistencial los reciba en carácter de donación y pueda disponer de los mismos para sus pacientes.
EL DATO
Días atrás el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires -en una carta enviada al magistrado Damián Cini, actual presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental- había destacado y reconocido el accionar desarrollado por el Juez de Garantías y el Ayudante Fiscal ligados a esta investigación por tráfico, distribución y venta ilegal de medicamentos.
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