El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que en 72 horas elabore un plan para distribuir las cinco toneladas de alimentos alojadas en depósito para ayuda social que no fueron repartidas para "de modo inmediato", y tras conocer la resolución el Gobierno aseguró que apelará.

Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien afirmó que si bien son "respetuosos de la Justicia" utilizarán "los instrumentos legales que están al alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso".

En ese sentido, agregó: "Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública".

Además, dijo que los alimentos sin distribuir "son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes". Y agregó: "No es algo que ocurre sólo en la Argentina. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock".

El funcionario dijo que "de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior". Y de inmediato enfatizó que "no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse".

Además, volvió a apuntar contra las organizaciones sociales: "A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían".

La denuncia contra el Gobierno la inició en febrero pasado el dirigente social Juan Grabois, quien pidió investigar que en dos centros de distribución, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, en Tucumán, se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir que tiene la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano.

"El derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, los que están expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que integran el denominado 'bloque de constitucionalidad'. Los mandatos también contemplan la especial protección de determinados grupos de personas en función de alguna condición de vulnerabilidad", explicó el juez Casanello en su resolución.

El magistrado también resaltó los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que "el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria -el 14% de forma severa".

Así, Casanello dispuso órdenes de presentación para que hoy se "detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería". También "los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha" y "los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada".

Además, Casanello ordenó la elaboración de un plan en 72 horas para la entrega inmediata de toda la comida. (DIB)