PAIS. El Gobierno planea recortar más de 120 mil pensiones por invalidez

Según la administración de Javier Milei, este ajuste responde a la detección de irregularidades en la concesión de las asignaciones.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevará adelante un control sobre las asignaciones por incapacidad, al detectar presuntas irregularidades, lo que podría llevar al recorte de unas 120 mil pensiones.

Según informa el portal Infobae, la administración de Javier Milei decidió llevar a cabo un exhaustivo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que resultará en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses.

El recorte -de acuerdo a lo informado- obedece a la detección de presuntas irregularidades en la concesión de las pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente lo necesiten sigan recibiendo este apoyo del Estado.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, inició la auditoría de aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Estas auditorías se centraron inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.

Entre las irregularidades detectadas, se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.

Además, se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas, principalmente en lo que refiere a la posesión de bienes no declarados, empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral. (DIB)

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