24 de enero de 2024
Luis Correa, dirigente en Azul del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STiGas) con cabecera en Bahía Blanca, dijo hoy a EL TIEMPO que "hace apenas un mes y días que ha asumido un nuevo gobierno, y la CGT realiza hoy un paro con movilización. Para algunos, y sobre todo para los votantes del gobierno actual, parece exagerado o fuera de contexto: ¿Cómo le van a hacer un paro a un gobierno que recién arranca?", señaló.
"Pero hay una gran diferencia en este caso -añadió Correa-, tanto los que votaron al Presidente Javier Milei, como los que optamos por los otros candidatos, no esperábamos que al mes de gobierno aparezca un DNU y luego una ley ómnibus donde, sin debate en el Congreso, se busque eliminar o modificar artículos fundamentales de la Ley de Contrato de Trabajo, eliminar los convenios colectivos de trabajo, o directamente de la Constitución Nacional, como lo es el derecho a huelga".
El delegado de STIGas, en ese contexto, analizó que "tanto el DNU como la ley denominada 'Ómnibus', modifican, eliminan o crean cientos de leyes, incisos, decretos y resoluciones de los ámbitos laboral, civil, comercial, penal y administrativos del Estado".
Por ello, "los trabajadores tenemos la oportunidad de salir a protestar para defender nuestros derechos y conquistas".
Correa manifestó que "no protestamos contra una política económica, social o cultural. Eso lo evaluará la historia. Nosotros sólo debemos defender nuestros derechos, y eso se hace movilizando o haciendo visible el descontento por este atropello".
Sin lugar a dudas, añadió Correa, "la causa que nos convoca siempre es la defensa de nuestros derechos" como trabajadores "y la lucha por estar cada día un poco mejor".
"Por eso -señaló de inmediato el dirigente de STIGas-, de manera respetuosa y organizada decidimos, como sindicato, como miembros de la CGT, como laburantes, pero por sobre todo como ciudadanos, manifestarnos para dejar clara nuestra postura, ya que siempre nos adaptamos y adaptaremos a la discusión y a la negociación colectiva, pero nunca al autoritarismo".
Así lo sostuvo durante su alegato Daniel Pérez Guedes, el abogado que en el juicio representa a los familiares de la docente jubilada que fuera asesinada el 18 de enero de 2020. "Más allá de los fríos hechos que se juzgan, la pretensión es que el Tribunal advierta la magnitud del daño realizado", dijo también.
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