UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN URBANA. "El ReNaBap no se cumple en Azul porque no hay voluntad política y no quieren invertir en los barrios"

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se informó que desde esa organización "se viene militando la Ley de Integración Socio Urbana N°27.453 que garantiza el derecho a una vivienda digna y el acceso justo a servicios básicos esenciales; esta ley fue sancionada para que la urbanización de las villas, los asentamientos y los barrios populares sea una política de Estado sin importar el partido político que llegue al poder".

"Vivimos en el Centro de la provincia de Buenos Aires donde la tierra está concentrada en pocas manos, lo que genera una inmensa desigualdad social y una naturalización del hacinamiento en los barrios populares por parte del Estado Municipal. Si hablamos del acceso a la tierra, hasta el momento ningún gobierno ha implementado una política integral eficaz de acceso justo a la tierra para los que menos tienen. ¿No les parece a los políticos que ya es momento de ocuparse?", se manifestó desde el MTE.

En ese sentido se destacó que "las organizaciones sociales tuvieron la responsabilidad de realizar el relevamiento nacional en los barrios más carenciados de toda la Argentina, el trabajo en Azul se realizó en los barrios San Martin de Porres, Villa Mitre, Villa Giammátolo, San Francisco, Urioste, Villa Piazza Norte y Villa Piazza Sur, donde existen más de 600 habitantes en tierras fiscales -nacionales y provinciales- y privadas. Este relevamiento en los barrios populares visibilizó la ausencia estatal por décadas en materia de políticas públicas e infraestructura social".

"No hay voluntad política local"

Por otro lado, desde el MTE se indicó que "se registraron siete barrios populares y ANSES entrego más de 300 Certificados de Vivienda Familiar -300 familias efectivas-. De todas estas familias, el 73% de las responsables de hogar son mujeres, y perciben AUH el 50%. Los datos fuertes que arrojó el Relevamiento Nacional de Barrios Populares en Azul se relacionan con el acceso formal a la red de agua corriente que es nula en un 85% y el 71% carece de acceso formal a la red eléctrica; no existe el acceso formal a la red cloacal ni a la red de gas natural. En lo que refiere a la registración catastral, el 77% de las familias no tienen datos".

"Respecto de este último dato que debe ordenar el Estado, la oficina catastral del Municipio de Azul, una vez emitido el Certificado de Vivienda Familiar, tiene la responsabilidad política de entregarle a cada familia la dirección de su lote correspondiente, acción que tampoco han realizado bien. Un punto clave de la ley es que dispone suspender los desalojos por cuatros años, garantizando la permanencia de las familias en los barrios populares", se apuntó también.

En la misma línea, Natalia Lehrmann, responsable del Relevamiento Nacional de Barrios Populares en la ciudad de Azul, expresó que "el ReNaBap no se cumple porque no hay voluntad política local y no quieren invertir en los barrios"

"Construir, mejorar y expandir las redes de infraestructura"

De igual forma, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos se preguntaron: "¿Qué es la Integración Urbana?", para inmediatamente responder: "Es construir, mejorar y expandir las redes de infraestructura de servicios para que las familias, muchas veces olvidadas, tengan acceso a cloacas, agua potable, electricidad, comunicaciones, internet, pavimento, garitas de colectivos, desagües pluviales, arbolado, plazas, espacios públicos, alumbrado público; se aspira a la trasformación del espacio urbano, de manera tal que sea propicio para que sus habitantes ejerzan plenamente sus derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, consagrados por la Constitución Nacional".

Por lo tanto "es necesario dar soluciones al problema habitacional de Azul que constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar definitivamente la pobreza del país y que requiere indefectiblemente de la intervención estatal de forma inmediata; ¿No les parece a los políticos de turno que es momento de resolver los problemas estructurales existentes?

A su vez, desde el MTE "se ha solicitado formalmente al Poder Ejecutivo -al Intendente, a los funcionarios involucrados, a la empresa prestadora de servicios Cooperativa Eléctrica- que asignen presupuestos municipales para ejecutar obras de extendido eléctrico y conexiones de agua potable en los barrios populares y no se ha recibido respuesta alguna; el ejecutivo se jacta de legalista y no ha reconocido una ley nacional, que debe cumplir y atribuirle presupuesto".

"En un contexto de pandemia por COVID-19 se le reiteró al gobierno municipal que de manera urgente proyecte un plan de emergencia y convoque a una mesa de trabajo a los movimientos sociales, las instituciones y las comisiones vecinales de cada barrio, para garantizar las medidas sanitaras y de cuidado de las familias y avanzar en un plan integral de extensión de redes, teniendo en cuenta las particularidades de cada barrio, porque el después de la pandemia no nos puede encontrar legitimando el hacinamiento de la vida", se concluyó.