COLEGIO DE PSICÓLOGOS DISTRITO VIII. "El terrorismo de Estado dejó una herida individual, familiar, social y colectiva"

La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos y Psicólogas Distrito VIII surgió en 2015, por iniciativa de un grupo de profesionales que ya trabajaban, nucleadas en torno a los delitos de lesa humanidad. Desde entonces, forma parte del equipo de acompañamiento a víctimas, testigos y querellantes de delitos de lesa humanidad de Tandil que tuvo su origen cuando se dio a conocer la realización del juicio conocido como La Huerta que finalmente se dilató hasta febrero de este año.

"En 2014 nos nucleamos diferentes instituciones -se trata de un espacio interdisciplinario e interinstitucional- que perseguíamos como fin conformar un equipo local para poder acompañar en el antes, durante y después del juicio a las víctimas testigos que fueran a declarar. Conformamos aquel equipo el Área de Derechos Humanos de la UNICEN, a través de su responsable, la abogada María Nazábal; el grupo Memoria por la Vida en Democracia, ONG integrada por familiares, víctimas y personas interesadas en la temática de derechos humanos que hace más de 20 años trabajan en Tandil, visibilizando no solo los delitos relacionados con lesa humanidad sino otras muchas cuestiones concernientes a los derechos humanos, y la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos y Psicólogas Distrito VIII. En Tandil éramos 5 colegas que nos habíamos encontrado poco tiempo antes y decidimos acercarnos al Colegio para institucionalizar nuestro trabajo: Catalina Chediac, Guadalupe Gárriz, Aldana Giannasi, Josefina Guáspari y yo", señala la Lic. Manuela Ponce, quien integra este espacio, además de la actual comisión directiva del mencionado Colegio distrital.

-¿Cuál es el objetivo principal del equipo de acompañamiento?

-El equipo de acompañamiento intenta que ese acto de declarar sea reparatorio o que sea lo menos revictimizante posible. Buscamos una práctica tierna de acompañamiento generando un vínculo de confianza con esa persona a quien le sucedió algo horroroso, único e irrepetible y que su verdad es singular pero colectiva. Poder declarar y decir lo que le pasó ayuda a su historia personal pero también a la historia de nuestro país.

Entre 2005-2006 se desarrolló la etapa de instrucción: la Fiscalía General investigó los delitos de lesa humanidad y se elevó a juicio. El juicio a La Huerta toma su nombre por uno de los centros clandestinos, pero no es el único. El circuito represivo incluye 9 centros clandestinos de nuestra ciudad: La Huerta (en inmediaciones de la zona de la Fuerza Aérea), el ex ISER (predio de Sans Souci), las Comisarías Primera y Segunda, la quinta de los hermanos Méndez, además de delitos de lesa humanidad que sucedieron en Azul y Olavarría. El TOF (Tribunal Oral Federal) reside en Mar del Plata por lo que el juicio se lleva a cabo allí; las audiencias se retrasmiten en el Aula Magna de la UNICEN y en Azul. El juicio tiene una frecuencia quincenal, con lo cual se estima que va a extenderse por dos años, aproximadamente. Las víctimas son 109, las declaraciones son más de 250 porque no solo declaran víctimas, sino familiares y testigos de estos delitos y 46 son los imputados. El juicio comenzó el 22 de febrero pasado, al día de hoy se han realizado 12 audiencias, una de ellas en Tandil, cuando el Tribunal se trasladó al Aula Magna y desde ahí se trasmitió.

Como consideramos la primera fecha anunciada para la realización en 2015, resolvimos conformar un equipo local que pudiera acompañar de manera integral a las víctimas, desde el territorio. Por lo general, la justicia cuenta con programas, centros de asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos y diversas herramientas para acompañar, pero es un acompañamiento que se lleva a cabo solo durante el juicio. Los equipos que residen en La Plata o Capital Federal se acercan a los lugares unas semanas antes, cuando se notifica a las víctimas y se los acompaña antes de declarar.

Ésa fue la idea de la que partimos, pero nosotros pensábamos en un acompañamiento permanente en el tiempo, es decir, no solo en el momento de la declaración sino antes y después.

"Que la búsqueda de justicia no alcance grados de revictimización"

-¿En qué consiste la práctica que realizan?

-El equipo de acompañamiento a víctimas, testigos y querellantes por los juicios de lesa humanidad se fundamentó, en su ser y hacer, en el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a los querellantes, testigos y víctimas del terrorismo de Estado. El objetivo principal, como anticipé, es brindar acompañamiento desde un abordaje integral y con continuidad en el tiempo, más allá de la instancia puntual del juicio.

Son instancias donde se reedita lo traumático de esa situación por eso es fundamental el acompañamiento. Estamos presentes en el momento que cada víctima testigo declara, al lado de ellos, acompañando su decir de muchas maneras: con un pañuelo a mano, un vaso de agua, una espera o una pausa. Son momentos de mucha angustia para esas personas que están contando lo que vivieron en carne propia o que presenciaron detenciones. En muchos casos, están contando una historia nunca contada. Es la primera vez, para muchas de las víctimas que pueden ponerlo en palabra frente a jueces, abogados defensores y Fiscalía que quieren saber qué pasó. Argentina es pionera en los juicios de delitos de lesa humanidad y, a lo largo de estos años, se ha ido diagramando una serie de procederes y prácticas para llevar a cabo al momento de brindar testimonio. No son juicios comunes y corrientes. Los juicios de lesa humanidad son distintos, tienen otro marco, por eso se intenta que la víctima tenga un acompañamiento previo, durante y después.

El equipo trabaja para que la búsqueda de justicia no alcance grados de revictimización. Ya sabemos que el acto de acercarse a declarar genera una revictimización: se vuelve a reactualizar el trauma que ya se vivió. El trabajo que realizamos va dirigido a que ese hecho genere el menor impacto posible en la salud mental y física de quien declara. Para eso contamos con un protocolo de intervención que hemos elaborando en forma articulada con organismos nacionales, como el Programa Verdad y Justicia.

El dispositivo nos permite diseñar el modo en que vamos a intervenir y está basado en el protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas testigos, en el marco de procesos judiciales.

"Un tema poco sabido y oculto"

-¿Cómo surgió el equipo técnico?

En 2015 se firmó un convenio entre el Área de Derechos Humanos de la UNICEN, la comisión de Derechos Humanos del Colegio y Memoria por la Vida en Democracia para trabajar interinstitucionalmente y de manera mancomunada, de cara al juicio. Como no había fecha estimada de inicio, empezamos a hacer actividades de visibilización a nivel local: talleres en distintas escuelas secundarias e institutos terciarios; también elaboramos solicitadas repudiando actividades contra los derechos humanos. Nos dimos varias estrategias para llegar a la sociedad tandilense con la noticia de que había un juicio de lesa humanidad por venir, por delitos cometidos en centros clandestinos y de exterminio que funcionaron en nuestra ciudad.

Al mismo tiempo, nos íbamos contactando con víctimas, familiares de víctimas y testigos que quisieran acercarse al equipo. Muchos empezaron a acercarse a contarnos su historia, pero la idea era no solo habilitar una cuestión catárquica sino también ir trazando una memoria colectiva, un recorrido de cómo había sido la dictadura en Tandil, un tema poco sabido y oculto que siempre quedaba en la boca poco hablada de quienes habían vivido esa época.

"Un acompañamiento muy artesanal"

-¿Cómo fue ese relevamiento previo?

-Empezamos a realizar un registro y anotaciones de ese proceso. A medida que las víctimas y testigos o familiares nos iban contando detectamos que quizá era necesario diferentes abordajes, conformando un equipo técnico integrado por profesionales de la salud y la abogada Nazábal. Había víctimas y testigos que necesitaban un acompañamiento más personalizado porque estaban en distintos momentos de poder contar su historia. Algunos se angustiaban, otras ni siquiera podían acceder a la palabra, pero también se acercaban quienes ya tenían un camino recorrido en la militancia de los derechos humanos y, a raíz de eso, tenían más elaborado lo que habían vivido. No todos estaban en la misma circunstancia más allá de haber sido víctimas y testigos del terrorismo de Estado, ni tenían la misma elaboración de lo que habían vivido. Entonces decidimos desdoblar los equipos.

El equipo técnico funciona desde 2019 y está integrado por María Nazábal, Graciela Domínguez (acompañante terapéutica), Silvana Cerdá, una psicóloga que pertenece a la Dirección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Provincia y las 5 colegas de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos Distrito VIII que ya mencioné. Seguimos en contacto con el grupo Memoria, pero la justicia toma al grupo como víctimas testigos entonces no puede formar parte del equipo de acompañamiento porque ellos son víctimas.

No hacemos terapia psicológica, aunque es un acompañamiento muy "artesanal", muy singular y constante, de acuerdo con las características de cada víctima testigo.

Todas teníamos un recorrido previo en derechos humanos, ya sea porque habíamos participado en otros juicios o nos habíamos especializado en la temática. Todas teníamos una causa común a través de cierta posición ética ante las violaciones de los derechos humanos y, puntualmente, con los delitos de lesa humanidad. Sin este posicionamiento ético y cierta convicción política este trabajo no lo podríamos llevar a cabo.

"Hacemos un enorme trabajo"

-¿En cuántos juicios participó el equipo de acompañamiento?

-El equipo de acompañamiento participó en dos juicios previos al de La Huerta. Uno fue el de Carlos Moreno. El otro fue Monte Pelloni que se llevó a cabo en Olavarría. Por otro lado, hemos realizado muchas actividades: elaboramos juntas médicas a través del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr Fernando Ulloa", un órgano nacional que tiene a su cargo formar a los equipos hospitalarios de todo el país para realizar juntas médicas en el marco de las leyes reparatorias del terrorismo de Estado, de víctimas directas o familiares. Las leyes reparatorias permiten que esas personas reciban un resarcimiento económico por lo que sufrió durante la dictadura.