El arresto domiciliario para una policía de la Bonaerense involucrada en una investigación penal por venta de drogas que tiene doce imputados más fue revocado en primera instancia por un juez de Garantías, decisión que de adquirir rango de firmeza implicará que la imputada vaya a la cárcel.

Juan José Suárez, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías número 3 con asiento en los tribunales de Azul, se pronunció a favor de anular ese beneficio para la encausada, identificada como María Florencia Farías Blanco y de 34 años de edad.

El dispositivo estaba quemado

Según se señala en la resolución, la decisión del Juez garante de revocar la morigeración de la prisión preventiva de la acusada obedeció a que habría intentado quitarse la tobillera electrónica con la que sus movimientos son monitoreados desde el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Al respecto, desde la Dirección de Monitoreo Electrónico del SPB se había constatado el pasado 14 de agosto un "corte o apertura" del transmisor de la pulsera que Farías tiene colocada, mientras cumple en su domicilio de esta ciudad con la cautelar que le fuera dictada meses atrás.

Tres días más tarde, cuando se hizo presente en la casa de la policía, personal de seguridad constató que esa pulsera que tenía puesta "presentaba las trabas y mallas quemadas", según se señala en lo resuelto.

Ante la situación el fiscal Lucas Moyano -el titular de la UFI 22 que tuvo a su cargo llevar adelante la investigación penal que involucra a la acusada en una organización que supuestamente se dedicaba a vender drogas en Azul y era liderada por un hombre que está preso- pidió al juez de Garantías Suárez que le fuera revocado el beneficio a Farías Blanco.

"Las trabas y las mallas de la referida tobillera se encontraban quemadas, lo que haría presumir que el hecho fue intencional", argumentaba el representante de la Acusación para solicitar la anulación del beneficio que, a la espera del juicio al que deberá ser sometida junto con los demás imputados, tiene a la mujer privada de la libertad en su casa.

Una audiencia virtual con el Juez de Garantías

En los días posteriores se realizó una audiencia virtual ante el titular del Juzgado de Garantías 3 en la que participaron las partes y la acusada. En esa oportunidad, asistida por su abogada María Fernanda Giménez, la policía señaló que no había advertido que la pulsera estaba "suelta". Además, Farías Blanco negó haber tenido intención de quitarse el dispositivo electrónico y dijo no recordar cómo se había roto o quemado.

Pero el juez de Garantías Suárez no creyó en la versión de la acusada. Y finalmente terminó dando lugar a lo peticionado por el fiscal Moyano, lo que se tradujo en esta primera instancia en la revocación del arresto domiciliario para la policía. Según señaló en lo dispuesto, el estado en que se encontraba el dispositivo electrónico que tenía colocado la acusada "no resulta a todas luces producto de un acto de su uso normal o eventualmente accidental".

El titular del Juzgado de Garantías 3 indicó que la rotura de la pulsera había sido "intencional", no considerando lógicas ni creíbles las explicaciones que la acusada y su abogada brindaron en la audiencia virtual.

"Claramente, no encuentro lógica en los dichos de la encartada" y "no me imagino cómo pudo quemarse la tobillera sin que la nombrada lo advierta, con la temperatura que se requiere para alcanzar el daño constatado en la unidad. De no haberse tratado de un acto intencional, la misma hubiera sufrido quemaduras de gravedad en su pierna. Pero por el contrario, la causante refiere no saber cómo se dañó la tobillera", sostuvo el juez de Garantías Suárez en lo resuelto.

"En definitiva -concluyó- la Sra. Farías tuvo oportunidad de dar explicaciones y, sin embargo, ha esgrimido cuestiones que resultan un agravio a la inteligencia". Y definió como "un acto deliberado" a lo que hizo con el dispositivo. Acción desarrollada por la imputada para "inutilizar el principal y único mecanismo que aseguraba su restricción ambulatoria".

De esa manera, el magistrado que entiende en esta causa se pronunció a favor de revocarle el arresto domiciliario a la encausada, ordenando también que, una vez que esa decisión quede firme, Farías sea trasladada a la Unidad 52, la cárcel de mujeres del SPB con sede en Azul.

Voceros judiciales señalaron a EL TIEMPO que desde la Defensa Particular de la imputada lo dispuesto en esta primera instancia fue apelado ante la Cámara Penal departamental.

EL DATO

Dada que esa supuesta acción intencional por parte de la policía de querer quitarse su tobillera electrónica es configurativa de "un delito de acción pública", el Juez de Garantías que le revocó a Farías la prisión domiciliaria ordenó también que se remitan copias de lo dispuesto a la Fiscalía General departamental para que se investigue lo ocurrido.

La causa tiene trece acusados

En julio de este año el juez de Garantías Juan José Suárez había dado lugar a la elevación a juicio de la causa penal que, junto con la policía a la que ahora le fue revocado su arresto domiciliario, tiene doce imputados más por esta infracción a la ley de estupefacientes. Esa medida posteriormente fue apelada ante la Cámara Penal, por lo que todavía tampoco está firme. En diciembre de 2019 se habían realizado varios allanamientos relacionados con esta investigación penal.

Aquellos procedimientos, además de diferentes domicilios en Azul, tuvieron como escenario la celda de la Unidad 30 -cárcel que está en General Alvear- que en ese entonces ocupaba Carlos José María Cano, un azuleño que todavía está preso y es señalado como quien lideraba esta presunta organización dedicada a comercializar estupefacientes.

Los procedimientos que efectivos de la Policía Federal hicieron en Azul derivaron en los hallazgos y posteriores secuestros de droga y elementos presuntamente usados para su venta al menudeo. También, en que varios de los todavía acusados resultaran arrestados. Entre ellos, María Florencia Farías Blanco, a quien ahora le fue revocado en primera instancia su arresto domiciliario.

Aquel beneficio le había sido concedido el 20 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta que en ese entonces la policía azuleña estaba gestando un embarazo considerado de riesgo.

Micaela Aguilar, María Crisil Carabajal, Karen Soledad Martínez, Araceli Elizabeth Otegui, María Hortensia Ponce Ledesma, Antonella Ethel Tosolini, Irina Daniela Crescitelli y Ludmila Oliver se llaman las demás mujeres imputadas en este sumario penal. Y junto a ellas, también figuran acusados los varones Claudio Daniel Calderón, José Manuel Ciuro y Matías Ezequiel Costa.

"Al menos en el lapso comprendido entre julio de 2019 y el día 13 de diciembre de 2019 -día en que se hicieron los allanamientos y las aprehensiones de la mayoría de los encausados-, un grupo de personas, algunas conocidas entre sí", de manera acordada y organizada, "cumpliendo distintos roles en la actividad" y "valiéndose de diversas líneas telefónicas" llevaron a cabo la actividad ilícita que se les atribuye a escala penal. Concretamente, la "comercializaron de estupefacientes -cocaína y marihuana- fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumidor, sustancias que tenían en su poder" en los domicilios donde residían y que habían sido allanados.

A todos los encausados, desde la imputación, los ubicaron formando parte de "una estructura delictiva organizada" que se dedicaba a vender drogas al menudeo en Azul.

La mayoría de los nombrados figura acusado de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor y comercialización ilegítima de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo. Y a la policía Farías Blanco y a otra de las mujeres investigadas les imputan el delito de comercialización ilegítima de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor. En ambos casos, también "agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo".