25 de diciembre de 2024
El Presidente avisó meses atrás que seguirán echando trabajadores. Para achicar el Estado. Los gremios en alerta piden por la renovación de esos puestos.
A la espera que se terminen los "exámenes de idoneidad" que deben enfrentar los empleados públicos nacionales, entre los gremios crece la incertidumbre porque el 31 de diciembre caducarán alrededor de 50.000 contratos y el Gobierno de Javier Milei no dio pistas sobre qué pasará.
Pese a que aún no se definió la continuidad o la baja de los estatales, por los dichos del propio Javier Milei se prevé un fuerte recorte, en línea con lo que sucedió la semana pasada en el Ministerio de Justicia, que echó a 2400 personas, en Trenes Argentinos 1388 o los más de 800 en la exAFIP.
"El ajuste significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y eso redujo la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis porque obviamente que echamos gente... digamos en materia de contratosvamos a terminar echando 75 mil personas, llevamos 25 mil", dijo Milei en junio.
Según ATE, el gremio estatal más combativo (el otro es UPCN, cercano a los gobiernos de turno), la administración libertaria ya avanzó con casi 30.000 despidos. Es decir, si la amenaza retórica del Presidente se traslada a los hechos, serán muy pocos los contratos de ese universo de 50.000 que se terminan los que se renueven en 2025.
En este contexto, tanto ATE, liderado por Rodolfo Aguiar, como UPCN de Andrés Rodríguez, reclamaron la renovación automática de todos los vínculos y una recomposición salarial de emergencia. "Es imperiosa la necesidad de que se reabran las negociaciones antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante el 2024 destruyó todos los salarios", dijo Aguiar, al tiempo que señaló que "el 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos".
La falta de certezas sobre el futuro laboral generó incertidumbre entre los trabajadores estatales. Desde ATE advirtieron que, de no obtener respuestas, se podrían convocar a acciones en defensa de los puestos de trabajo, al tiempo que pidieron que se priorice el diálogo para resolver la crisis en el sector público. Ya se habla de un eventual paro sectorial para la primera quincena de enero. (DIB)
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