CONCEJALES AZULEÑOS Y LA LEY DE ÉTICA PÚBLICA . Los legisladores provinciales deben ejercer "con responsabilidad democrática" su representación

Mediante un proyecto de resolución que será tratado en la sesión del próximo martes, desde el Concejo Deliberante se requerirá a la Legislatura bonaerense el "pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley de Ética Pública".

En tal sentido, se indicó que "los Concejos Deliberantes deben expresar el acompañamiento a estas iniciativas legislativas", como así también "exhortar a los legisladores provinciales a que ejerzan con responsabilidad democrática la representación de los ciudadanos que los eligieron".

La iniciativa lleva las firmas de los concejales del bloque Unión por la Patria, María Inés Laurini y Silvio Santillán y será tratado el próximo martes 17 de octubre.

Ingresado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el 7 de noviembre de 2022, el proyecto de ley de Ética Pública "es el resultado de un esfuerzo colectivo, plural y colaborativo que comenzó tras la creación de una mesa de trabajo en octubre de 2020", se recordó.

"Desde entonces -se puntualiza en los considerandos- se llevaron a cabo ciento treinta reuniones para la búsqueda de consensos, en las que participaron representantes de universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución y funcionarios nacionales, provinciales y municipales".

En la iniciativa de los concejales de UP se refiere, además, que "el proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Reforma Política y del Estado" y "no ha sido tratado ya que, durante 2023, la Legislatura, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, sesionó dos veces por falta de voluntad de los bloques opositores".

Por otro lado, se menciona que el proyecto de ley "fue presentado en Casa de Gobierno por el propio gobernador [Axel Kicillof] junto al ministro de Justicia, Julio Alak, y la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, circunstancia en la que se pidió a la Legislatura que le dé celeridad al tratamiento y aprobación del mismo, para que la Provincia tenga un instrumento claro a la hora de actuar contra la corrupción, ya que en las reuniones preliminares que fueron dando forma al texto que finalmente se envió al parlamento provincial, hubo acuerdos tanto del oficialismo como de la oposición".

Entre los antecedentes que se mencionan, se destaca que "la República Argentina, en la reforma constitucional de 1994 introdujo, mediante el artículo 36, la manda constitucional para que el Congreso Nacional sancione una Ley de Ética Pública. En el mismo sentido, adhirió a la Convención Interamericana Contra la Corrupción por medio de la Ley N° 24.759 promulgada en 1997. En virtud de ello, el Estado nacional procedió al dictado de la Ley N° 25.188/99 de Ética en el ejercicio de la función pública".

Del mismo modo se refiere que "la provincia de Buenos Aires tiene una deuda con la población en materia de legislar sobre Transparencia y Ética Pública. Si bien existe normativa dispersa que contiene principios sobre la temática, se carece de una Ley de Ética Pública y Transparencia que unifique esos principios".

De la elaboración del proyecto han participado más de "66 actores: 11 universidades públicas nacionales y provinciales, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución, los poderes del Estado, organismos nacionales y gobiernos municipales".

Se indica, por otro lado, que el "proyecto de ley establece un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia, y regula principios, deberes y prohibiciones fundamentales para la construcción de una cultura de integridad basados en transparencia, equidad, inclusión, participación, ciudadana, diversidad, imparcialidad, responsabilidad, eficiencia, entre otros, y que sin duda comprometen el desempeño de quienes ejercen la función pública en pos de los intereses de la población e incluye un enfoque integral de ética y transparencia, lo que exige construir un sistema de integridad que propugne políticas públicas fortaleciendo el aspecto preventivo, con un enfoque transversal en derechos humanos, género y diversidad".

También prevé "la capacitación continua y obligatoria sobre el contenido de la ley, su reglamentación y disposiciones complementarias y modificatorias, para todas las personas que se desempeñen em la función pública, con el fin de promover formación, orientación y actualización en materia de ética pública y transparencia para el desarrollo de sus funciones; el diseño y promoción de programas de capacitación y visibilización sobre la ley para su implementación en todos los niveles educativos de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de incorporar la formación en ética pública y transparencia en los contenidos de enseñanza, y la incorporación de la perspectiva de género y diversidad, con el fin de alcanzar la equidad de géneros en todos los ámbitos del Estado provincial".

Las disposiciones "son aplicables a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones semejantes para algunas categorías de ellos en particular y en el inciso B especifica: 'Por adhesión, a los integrantes de los Departamentos Ejecutivos y Deliberativos de las Municipalidades de la provincia" de Buenos Aires.

Además, "se invita a los Municipios y cooperativas que presten servicios públicos concesionados por municipios a adherir al presente régimen'".

Finalmente, el proyecto de resolución de los concejales Laurini y Santillán, requiere "a ambas cámaras de la Legislatura bonaerense el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de Ley de Ética Pública".