12 de enero de 2021
Hace pocos días fuimos testigos de la primera Marcha del Orgullo en nuestra ciudad. Pudimos apreciar cientos de personas en la histórica Plaza San Martín, reunidas con la finalidad de reivindicar el derecho a la igualdad y alzando sus voces en contra de la discriminación. En esta oportunidad no entraremos a dilucidar si los manifestantes, al ejercer su derecho constitucional de reunirse libremente, cumplieron con los protocolos establecidos para evitar los contagios o si contaban con la habilitación municipal para llevar a cabo tal reunión social en medio de la Pandemia que una vez más se está recrudeciendo con el número de contagios diarios.
Desde la Juventud del Pro Azul celebramos tales manifestaciones y nos comprometemos a trabajar codo a codo en el camino al reconocimiento de la igualdad, la no discriminación, dignidad de todas las personas y sus derechos humanos.
Ahora bien, en el mismo camino del respeto al otro, no podemos dejar de señalar que la intervención de un monumento histórico como es la estatua del General San Martín, genera cierta discordia por tratarse de tan emblemática figura que liberó no sólo a nuestro pueblo de las manos realistas, sino también a otros pueblos latinoamericanos.
Sin perjuicio de que dicho monumento fue limpiado posteriormente, acto que aplaudimos, el mismo, debe constituir en todo momento una señal de identidad y cohesión nacional entre todos los habitantes de nuestro suelo y no ser un elemento que genera discrepancias entre vecinos.
Una vez más es nuestro deber como representantes políticos de un sector de la ciudadanía plantear nuestra disconformidad con tal intervención y utilización de un monumento emblemático, con independencia de la causa invocada.
Esperamos entonces desde la Juventud del Pro Azul, que en futuras marchas del Orgullo o de cualquier otro sector que reivindique derechos o reclamos de cualquier tipo, en cada manifestación a realizarse en nuestra plaza u otro sector del Partido, por la causa que sea, se omita intervenir en cualquier tipo de monumento histórico tan caro al sentir de gran parte de la ciudadanía.
El Juez azuleño autor de esta nota colaboró en el proyecto que busca prohibir en las unidades penales que los presos usen teléfonos móviles. Y sostiene: "Cada celular activo es un canal abierto para el delito. Ignorar ese hecho es una grave irresponsabilidad. Y no hacer nada por miedo a la reacción de la población carcelaria es aceptar la impotencia estatal dentro de los penales".
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El acusado del "homicidio con dolo eventual" del motociclista Diego Marianache, en el marco de un siniestro vial ocurrido durante una disputa de tránsito el pasado 8 de noviembre, sigue preso en la Unidad 2 de Sierra Chica. El Juez de la causa rechazó un pedido que había presentado su abogado defensor para que cumpliera arresto domiciliario.
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