26 de marzo de 2022
El Parlamento del Viejo Continente discute la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), con la que pretende regular a Google, Amazon, Meta y Microsoft. En la legislación se destaca la interoperabilidad entre servicios de mensajería.
La Unión Europea se halla discutiendo en su Parlamento la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), con la que quiere regular con mano de hierro a los gigantes de Internet como Google, Amazon, Meta y Microsoft. La ley incluye varios puntos polémicos y entre ellos se destaca la interoperabilidad entre servicios de mensajería: es decir, que un usuario pueda enviar un mensaje en WhatsApp para que lo reciba otra persona en Telegram o Signal, por ejemplo.
La DMA obligará a que los gigantes tecnológicos faciliten la interoperabilidad de sus aplicaciones. Es decir, por ejemplo iMessage deberá funcionar en Android y enviar un mensaje desde Signal a WhatsApp deberá ser posible. Habrá que ver cómo se realiza, ya que esto es un cambio de paradigma radical, pero la intención es que las empresas apuesten por protocolos abiertos y dejen de excluirse mutuamente, para llegar a un estándar. Así ocurrió en su momento con los SMS y los correos electrónicos, y más recientemente con el estándar Matter para Internet of Things (IoT).
Desafío
Se trataría de un gran desafío técnico a nivel de cifrado, como ya hemos visto con Facebook y Messenger, que habrá que ver cómo se acaba implementando.
En la ley se especifica que los usuarios deberán poder enviar mensajes, imágenes, vídeos y hacer llamadas entre las aplicaciones de distintas empresas. También se incluyen los chats grupales, aunque en este caso se tendrán hasta tres años para poder garantizar el cifrado, aseguran desde Euractiv.
De aprobarse estas normas, en caso de no haber cumplimiento la Comisión Europea se reserva el derecho de imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial total en el ejercicio anterior, llegando hasta el 20% en el caso de infracciones repetidas. Del mismo modo, puede llegar a prohibirse la adquisición de otras empresas durante un tiempo determinado, en el caso de que incumplan la norma de forma sistemática.
El texto queda pendiente de su aprobación en el Parlamento, dando a las tecnológicas un plazo de seis meses para su implementación, en el caso de que la propuesta salga adelante.
Habrá que ver cómo se implementa esta ley de manera efectiva, y, lo que es más importante, cómo terminará afectando a los usuarios que estén fuera del Viejo Continente. (DIB) MM
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