9 de abril de 2024
La iniciativa ingresó a la Legislatura bonaerense por medio de la diputada radical Silvina Vaccarezza.
La diputada bonaerense diputada Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal) presentó un proyecto en la Legislatura provincial que busca que los docentes de escuelas rurales no tengan que pagar el impuesto automotor.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados bonaerense. La misma plantea modificar la ley provincial de Código Fiscal 10.397 e incluir en las excepciones del impuesto automotor a "los vehículos particulares destinados al uso exclusivo de docentes rurales dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación".
Podrían acceder a este beneficio quienes presten "servicios en establecimientos educativos con Ruralidad o Desfavorabilidad III (90%), IV (100%) y V (120%)".
"Serán beneficiarios el personal docente titular, provisional o suplente que presten servicios efectivos en los establecimientos educativos descriptos", detalla el texto del proyecto.
Y agrega: "Los Consejos Escolares de cada Distrito verificarán la elegibilidad de los solicitantes y emitirán un Certificado de Exención del pago del impuesto a los automotores, para una unidad única y válido por un año fiscal".
En la legislación actual ya se encuentran exceptuados del impuesto automotor los vehículos del Estado nacional, provincial y municipal, bomberos voluntarios, de instituciones religiosas, las ambulancias, la cruz roja, y autos particulares de los excombatientes de Malvinas, entre otros.
Al respecto, Vaccarezza destacó que la educación rural en la Provincia "presenta desafíos específicos para los docentes rurales, porque muchas veces deben cumplir su labor en escuelas aisladas, con acceso por caminos de tierra, lo cual dificulta el acceso a recursos educativos".
"El vehículo particular del docente no solo funciona a los fines de traslados, sino muchas veces es el único vehículo de comunicación con las familias o de asistencia ante una emergencia que pueda darse en el establecimiento", amplió la legisladora. (DIB)
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul desestimó la demanda presentada por la entidad rural, que cuestionaba el adicional del 15% para el sostenimiento de la salud y del 4% destinado a educación. La sentencia consideró acreditada la prestación efectiva de los servicios municipales y descartó que los fondos sean inconstitucionales.
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