EN UNA CAUSA POR UNA SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY DE DROGAS . Rechazaron tres pedidos de detención

Además Federico Barberena -el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 que entiende en esta causa que se instruye desde la UFI 22 a cargo del fiscal Lucas Moyano- tampoco acompañó la solicitud para que a la pareja del soldado voluntario le fuera dictada la detención.

Esa otra medida cautelar -según fuera señalado desde la Acusación- había sido solicitada que la mujer la cumpliera bajo arresto domiciliario, teniendo en cuenta su condición de madre de un pequeño hijo.

De la mano de lo resuelto por el Juez garante, ambos jóvenes estaba previsto que durante la tarde de hoy recuperaran la libertad, después de que ayer jueves, tras haber sido indagados junto a la pareja de uno de ellos en los tribunales, habían sido trasladados desde la DDI Azul a la comisaría de Saladillo.

Los investigados en este sumario penal, para quienes no prosperaron esos tres pedidos de detención que ayer jueves presentara el fiscal Lucas Moyano, habían sido identificados como Simón Alejandro Vergara, de 24 años de edad; Milagros Nahir De Vita (23) y Nicolás Marcelo Muñoz (26).

Con órdenes dispuestas por el mismo Juez de Garantías que ahora rechazó los pedidos para que quedaran detenidos, la casa donde Vergara convive con De Vita y el inmueble donde Muñoz se domicilia habían sido allanados en horas de la noche de este miércoles que pasó.

En esos procedimientos -llevados a cabo por policías de la DDI en una vivienda situada sobre la calle Roca del Barrio UOCRA y en otra que, en Miñana, está en el Barrio San Francisco de Asís- se habían hallado e incautado pequeñas cantidades de marihuana y otros elementos considerados de interés para esta pesquisa, entre los cuales figuraron seis teléfonos celulares.

Sobre esos móviles -y avalando en este caso el pedido formulado por el fiscal Moyano- el juez de Garantías Barberena autorizó que sean analizados, con la finalidad de determinar si las comunicaciones que contienen pueden aportar más pruebas a esta pesquisa, iniciada tras una denuncia que fuera formulada en marzo pasado en los tribunales de Azul. Con relación a los allanamientos, el titular de Garantías 2 destacó que en ambos casos fue "un muy escaso volumen de sustancia estupefaciente" la incautada, una de las circunstancias en las cuales posteriormente basó su rechazo a la pretensión del Fiscal para que los tres jóvenes investigados quedaran detenidos.

Además, teniendo en cuenta lo referido en las actuaciones policiales confeccionadas tras las realizaciones de ambos procedimientos, el magistrado que entiende en esta causa concluyó que "las sumas de dinero secuestradas en dichas diligencias no se advierten como desproporcionadas con las circunstancias normales de una economía familiar". Otra situación que, por lo tanto, tampoco servía como un elemento de prueba para ordenar las detenciones de los investigados por esta presunta infracción a la Ley 23.737.

También tuvo en cuenta el Juez garante las declaraciones que los tres imputados brindaran cuando ayer jueves fueron indagados. Testimonios a través de los cuales negaron dedicarse a vender drogas y por medio de los que, en el caso de los varones, admitieron tan sólo ser consumidores.

Otra cuestión que favoreció la situación de los jóvenes se relacionó con el hecho de que parte de la marihuana hallada en uno de los allanamientos estaba en poder de un hombre que circunstancialmente se encontraba en la vivienda convertida en escenario de ese procedimiento, algo a lo que también el titular de Garantías 2 hizo alusión en lo resuelto.

"Lo antes indicado comporta, a criterio del suscripto, la insatisfacción -al menos por el momento- del estándar convictivo necesario para el acompañamiento del pedido fiscal, en lo que respecta a la medida de coerción requerida", señaló textualmente en un tramo de la resolución el juez Barberena para rechazar la solicitud de la Acusación, tendiente a que a los tres jóvenes investigados por esta presunta infracción a la ley de estupefacientes les fueran dictadas las detenciones.

Si bien se cuenta en esta pesquisa con escuchas a los teléfonos intervenidos de los sospechados, por el momento esos elementos -del mismo modo que las tareas de observación llevadas a cabo por la Policía con relación a los movimientos registrados en los domicilios de los jóvenes- siguen siendo considerados para el Juez de Garantías como "una prueba indiciaria" que aún carece del peso suficiente para convertirse en el hilo conductor hacia el dictado de las detenciones pretendidas.

Cuando ayer jueves los tres jóvenes fueron indagados en sede judicial y declararon, en ese entonces quedaron acusados de "tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor y comercialización de estupefacientes propiamente dicha en concurso ideal, agravado por ser cometido en inmediaciones de establecimiento educativos", los delitos por los cuales desde la imputación se pretendía que fueran dictadas sus detenciones, pedidos a los que este viernes no dio lugar el Juez garante.