Esa medida cautelar, al ser convertida posteriormente en prisión preventiva, tuvo a la encausada privada de la libertad en la Unidad 52, la cárcel del SPB con asiento en esta ciudad.

La ratificación de la morigeración de prisión para la acusada fue dispuesta por parte de los actuales miembros de la Alzada departamental: Damián Cini, Carlos Pagliere (h) y Agustín Echevarría.

De manera unánime, los mencionados camaristas lo decidieron al no dar lugar a un recurso de apelación que fuera presentado por el Fiscal que llevó adelante esta investigación penal.

Esa causa tiene como imputados a la mujer que ahora pasó a cumplir arresto domiciliario, a dos más que también gozan de ese mismo beneficio y a un preso oriundo de Azul.

Todos ellos son considerados los probables integrantes de una organización delictiva que se dedicaba a comercializar estupefacientes al menudeo en esta ciudad.

El pasado 6 de febrero Fabiana San Román, la titular del Juzgado de Garantías 1 con sede en Olavarría, le había otorgado la morigeración de prisión a la referida mujer, llamada Mariana Inés Santomauro y que actualmente tiene 43 años de edad.

El beneficio, específicamente, consiste en que la azuleña -al menos hasta la realización del juicio que la tiene como una de las cuatro acusadas por esta infracción a la Ley 23.737- goce de "una morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria con control de monitoreo electrónico".

Pero la magistrada había aclarado que debía quedar firme lo decidido por ella para que se hiciera efectivo el otorgamiento del arresto domiciliario a Santomauro.

Contra aquella decisión manifestó su oposición, y después apeló lo resuelto ante la Alzada departamental, el fiscal Lucas Moyano, quien tuvo a su cargo la instrucción del sumario penal que involucra a la mujer para quien hace dos días quedó confirmada la concesión del referido beneficio.

La decisión de que Santomauro goce de arresto domiciliario estuvo relacionada con que, hasta que se hiciera efectiva su detención meses atrás, ella era la única que estaba a cargo del cuidado de su madre: una mujer de avanzada edad que actualmente evidencia diferentes problemas de salud que hacen necesario que permanentemente deba estar asistida por otra persona en la casa de Azul donde ahora cumple arresto domiciliario la encausada.

Pero según el Fiscal afirmaba en ese recurso de apelación ante la Cámara que terminó siendo desestimado, la acusada "no es la única persona que puede asistir a su progenitora, en tanto la misma posee dos hijos más que residen en la misma ciudad y que pueden brindarle la atención que necesita, más allá de sus circunstancias personales y laborales, lo cual -sostenía también Moyano- son temas atinentes a la organización familiar".

El representante de la Acusación, en busca de que le fuera revocado el beneficio a la investigaba, señalaba en ese recurso que los jueces de la Cámara Penal declararon "improcedente" que la propia Santomauro, en ocasión de ser indagada luego de que se hiciera efectiva su detención en Azul el 1 de noviembre pasado, había declarado que "no residía de forma permanente en el domicilio de su madre, lo cual denota que no era asistida por la encartada de forma frecuente".

"Situación excepcional"

A diferencia de lo sostenido por el fiscal Moyano, en lo concluido hace dos días desde la Alzada -a través de una resolución donde el primero en votar fue el camarista Cini- se mencionó que en el caso existen "circunstancias que habilitan la situación excepcional" que contempla la norma legal para el otorgamiento del beneficio que se pretendía para la encausada.

Esa presentación, ante la Jueza de Garantías que entiende en esta investigación penal, la había formulado semanas atrás el abogado Fernando Santomauro, que también es hermano de la acusada.

"En esta etapa procesal la Defensa ha logrado acreditar plurales circunstancias merituables que hacen presumir razonablemente que el riesgo procesal valorado oportunamente -en ocasión de que se ordenara la prisión preventiva de la azuleña que ahora goza de arresto domiciliario- puede ser debidamente menguado por una medida menos lesiva como la dictada" días atrás por la jueza de Garantías San Román, puede leerse en lo resuelto anteayer lunes en esta segunda instancia.

Al respecto, desde la Cámara Penal su actual presidente Damián Cini aludió a "las serias patologías que presenta la progenitora de la causante", motivo por el cual "necesita contar con asistencia permanente en su domicilio".

"Es por ello que entiendo, al igual que la magistrada (San Román), que la asistencia permanente que puede brindarle la encartada a su madre dentro de su domicilio no puede reemplazarse por la concurrencia esporádica del resto de los familiares, que como han expresado, por sus horarios de trabajo y demás circunstancias personales, no tienen mayor disponibilidad".

"También debe valorarse como positivo la ausencia de antecedentes penales de Santomauro y su falta de resistencia al momento de la aprehensión", se mencionó en lo dispuesto al ser confirmado el otorgamiento del beneficio que se pretendía para la acusada.

Lo investigado

"Comercialización de Estupefacientes y Tenencia Ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor, agravada por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo", son los delitos vinculados con esta infracción a la Ley 23.737 que les atribuyen a las mujeres y al preso oriundo de Azul.

Junto con Mariana Inés Santomauro, las demás imputadas en esta causa habían sido identificadas como Deborah Alexia Peralta y Antonella Belén González, dos jóvenes que -al igual que la mujer para quien ahora quedó confirmado el otorgamiento del referido beneficio- actualmente gozan también de prisión domiciliaria por ser madres de pequeños hijos.

Luego de allanamientos realizados en Azul en mayo del año anterior, el 1 de noviembre de 2023 las tres mujeres habían resultado detenidas en esta causa. Y también, aunque ya permanecía privado de la libertad cumpliendo condena por otros delitos, se ordenó esa misma medida cautelar para un azuleño llamado Carlos José María Cano, quien en ese entonces estaba preso en el penal del SPB que está en la localidad de Urdampilleta.

Teniendo en cuenta el resultado de uno de los allanamientos que personal policial hiciera en una de las casas de Azul vinculadas con Santomauro, a la mujer le fue imputado otro delito: "Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil".

Al respecto, en esa diligencia que data de mayo pasado y realizara el personal policial se hallaron armas de fuego que la mujer poseía; aunque se tratarían de artefactos de colección y no de elementos directamente vinculados con el sumario penal por una infracción a la ley de drogas que la sigue teniendo como acusada.

Según lo investigado, Santomauro y los demás imputados se dedicaron, al menos desde principios de septiembre de 2022 hasta fines de mayo del año anterior, a comercializar drogas al menudeo en Azul.

Para ello, entre todos formaron parte de "un grupo de personas mayores de edad conocidas entre sí" que, mediante acuerdo, desarrollaron esa actividad ilegal "cumpliendo distintos roles y valiéndose de diversas líneas telefónicas".

El azuleño que sigue preso es considerado desde la Acusación el cabecilla de esta organización, ya que en ese contexto de encierro en el que continúa y mediante el empleo de un celular contactaba a proveedores de estupefacientes.

Siempre de acuerdo con lo investigado, posteriormente a que aquello sucedía las tres mujeres imputadas se encargaban de ir a buscar la droga a otras ciudades y también de venderla al menudeo en Azul, participando en las ganancias de lo obtenido al recluso, a través de transferencias de dinero que le hacían al penal donde está alojado mediante billeteras virtuales y cuentas bancarias.

Las varias horas de escuchas a los teléfonos, intervenidos desde la Justicia, de los imputados sirvieron para darle sustento a la acusación que pesa sobre todos ellos como los probables miembros de una organización dedicada a vender drogas al menudeo en Azul.

La Cámara Penal ratificó la morigeración de prisión para la encausada. Semanas atrás al beneficio se lo otorgó una jueza de Garantías.