El Gobierno nacional hizo circular el último borrador de la nueva ley de Bases que pretenderá ingresar a comisiones en los próximos días con la intención de sancionarla en el Congreso lo antes posible.

Se trata de una reducida ley ómnibus, pero que incluye la columna vertebral de las propuestas del presidente Javier Milei, entre las que se destacan la privatización total o parcial de empresas estatales.

El actual borrador, que el Ejecutivo mandó a gobernadores y a jefes de los bloques dialoguistas, insiste con la privatización de un importante número de empresas estatales. Anteriormente, el Ejecutivo pretendía que fueran 41 las firmas a privatizar con la intención de reducir los gastos del Estado. Ahora bajó ese número a 18.

El capítulo 2 incluye a las compañías estatales que el Gobierno de Milei quiere dejar en manos privadas en su totalidad: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. En tanto, hay 5 empresas que, de aprobarse la ley, quedarían sujetas a privatización y concesión: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).

A estas empresas se suman otras nueve que podrán privatizarse parcialmente si se aprueba la ley: Nucleoeléctrica Argentina S.A., el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Estas últimas empresas "sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias", señala la ley.

A diferencia del proyecto de Ley Ómnibus previo que volvió a foja cero, el borrador quita de la lista a algunas de las empresas que más controversias generaron para su aprobación, tales como YPF, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (ARSAT), Dioxitek S.A, Ferrocarriles Argentinos S.E. y Administración General de Puertos S.E.

Paso a paso hacia las privatizaciones

Según se informó, el proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión.

Además, que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones intervendrá en el proceso acompañada por Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.

Durante el proceso de liquidación de la empresa, sólo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos. La empresa en liquidación deberá respetar las normas de procedimientos para la enajenación de tales bienes.

En tanto, los bienes muebles e inmuebles que compongan el activo remanente de la empresa en liquidación que estén a nombre del Estado Nacional deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Por último, se detalló que la Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá a su cargo la administración, desafectación y disposición de los bienes que le fueran transferidos de conformidad con lo previsto por la presente ley y el Decreto 1382/2012 y sus normas modificatorias.

Empresas que se quiere privatizar de manera total:

Aerolíneas Argentinas

Energía Argentina S.A. (Enarsa)

Radio y Televisión Argentina

Intercargo

Sujetas a privatización o concesión:

AySA

Correo Argentino

Belgrano Cargas

Corredores Viales

Trenes Argentinos (Sofse)

Empresas cuya privatización sería parcial:

Nucleoeléctrica Argentina SA

Banco Nación

Nación Seguros

Nación Reaseguros

Nación Seguros de Retiro

Nación Servicios

Nación Bursatil

Pellegrini SA

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (DIB)