26 de septiembre de 2020
El Director Ejecutivo de la UGL 30 de PAMI Nelson Sombra encabezó ayer una reunión virtual con las directoras y directores médicos de las residencias geriátricas que tienen convenio con esa Obra Social. Según indicaron desde el organismo el encuentro se organizó con el fin de: "Escuchar sus inquietudes, compartir los protocolos de cuidados para las diferentes situaciones que están viviendo, y definir las responsabilidades de las diferentes instituciones del Estado de acuerdo a la injerencia de cada una".
Durante la misma, y ante la aparición de casos de coronavirus en algunas residencias geriátricas, señalaron que se revisaron los protocolos de cuidado en los diferentes niveles (preventivos, manejo de casos sospechosos, intervenciones ante casos positivos). También se repasaron los circuitos en los que intervienen los diferentes estamentos del Estado de acuerdo a las responsabilidades que en el marco de esta pandemia mundial se han normatizado desde los ministerios de Salud tanto de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires.
En el encuentro remoto cada referente: "Compartió sus experiencias, dudas y aprendizajes de manejo, lo cual resultó sumamente enriquecedor para todos los presentes". Cabe recordar que la UGL 30 de PAMI abarca los partidos de Azul, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, General Alvear, Tapalqué, Olavarría Daireaux, Bolívar, General La Madrid, Rauch y Benito Juárez.
La actividad volverá a centrarse en el "Lorenzo Palacios". Las jornadas, de lunes a viernes, comenzarán a las 18:15 y se disputarán cuatro encuentros por día. En tanto, el sábado, la pelota rodará desde las 19 con tres partidos del Sub 13 Femenino.
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De 61 años de edad, su detención se había hecho efectiva a principios del mes pasado en un establecimiento rural de la zona. En ese lugar le atribuyen haber sometido sexualmente a una nena. En las actuaciones penales también se menciona que el hecho se produjo cuando la presunta víctima tenía ocho años. El abuso sexual, de tipo agravado, que le siguen imputando al investigado contempla penas que van desde los ocho a los veinte años de prisión.
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