13 de febrero de 2024
Sólo el 17% de adolescentes y jóvenes lo usan siempre.
Sólo el 17% de adolescentes y jóvenes usan siempre preservativos y, de las mujeres usuarias de preservativo vaginal, sólo el 30% utilizan siempre el peneano, según estudios que ejemplifican porqué el 98% de los nuevos casos de VIH siguen sucediendo por mantener relaciones sexuales sin protección.
Entre 2020 y el 2021, la filial Argentina de AHF (AIDS Healthcare Foundation) -que instauró el Día Mundial del Preservativo hace 16 años el 13 de febrero- realizó una encuesta a 6.814 adolescentes y jóvenes y sólo el 17% respondió que utilizaba preservativo "siempre" en sus relaciones sexuales; el resto dijo "algunas veces" o "nunca".
Otro trabajo, realizado por el Ministerio de Salud a partir de entrevistas con 842 mujeres usuarias de preservativo vaginal entre noviembre de 2022 y mayo de 2023 de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, reveló que de ese universo sólo 3 de cada 10 usaban siempre preservativo peneano (29,9%); igual porcentaje respondió "nunca" y el 40% restante "a veces".
Ante este panorama, los preservativos de látex son el método más económico, accesible y fácil de usar para que las personas ejerzan una sexualidad protegida y libre de preocupaciones. Además, es una forma de prevenir embarazos no intencionales.
"Es importante que se amplíen las campañas públicas de prevención, que no se realizan hace años, y se dé continuidad a la gratuidad y accesibilidad de los preservativos. También, es importante concientizar acerca del uso correcto durante todo el encuentro e informar de la existencia de otro tipo de preservativos, como el interno o vaginal, o el campo de látex para todo tipo de prácticas", señala Natalia Haag, Directora Nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina. (DIB)
El juez Gabriel Di Giulio dictó el procesamiento sin prisión preventiva del directivo de la firma Absolon S.A. por el volcado de efluentes industriales al cauce hídrico. La investigación, impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, determinó que la actividad contaminante se extendió por al menos dos años y afectó tanto la salud como el ecosistema regional. Se trabó un embargo por 20 millones de pesos.
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