LOS ACUSADOS SON DOS VARONES Y DOS MUJERES QUE ESTÁN PRESOS

LOS ACUSADOS SON DOS VARONES Y DOS MUJERES QUE ESTÁN PRESOS

Fue elevada a juicio una causa penal por una infracción a la ley de estupefacientes

A tres de los encausados los arrestaron durante allanamientos que la Policía hiciera en octubre del año pasado. Aquellos procedimientos habían derivado en el hallazgo y posterior secuestro de más de dos kilos de marihuana. El otro azuleño procesado quedó formalmente detenido en esta causa hace dos meses, mientras estaba en la cárcel de Urdampilleta cumpliendo condena por otros delitos. De acuerdo con lo investigado, desde ese penal coordinaba vía telefónica la comercialización de drogas al menudeo que en esta ciudad llevaban a cabo los demás imputados.

6 de junio de 2021

Acusados de formar parte de una organización delictiva que se dedicaba en Azul a comercializar estupefacientes, dos varones y dos mujeres que están presos serán juzgados, informaron a EL TIEMPO voceros allegados a lo que había sido la instrucción de esta causa penal relacionada con una infracción a la Ley 23.737.

En el marco de esta investigación penal, uno de los encausados había quedado formalmente detenido en abril pasado, mientras estaba preso cumpliendo condena por otros ilícitos en la cárcel que está en Urdampilleta.

En tanto, los demás imputados fueron arrestados durante tres allanamientos que en octubre de 2020 personal policial realizara en los inmuebles de Azul donde se domicilian.

Además de varios elementos considerados de interés para esta pesquisa que llevara adelante desde la UFI 22 el fiscal Lucas Moyano, en dos de esos procedimientos habían sido incautados más de dos kilos de marihuana.

La sustancia vegetal, considerada estupefaciente para la actual ley penal argentina, fue hallada en los allanamientos que tuvieron como objetivos las casas donde viven las mujeres encausadas.

Actualmente, ambas están presas en la Unidad 52, la cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense con sede en Azul.

Según voceros judiciales señalaron a este diario, anteayer viernes Magdalena Forbes -la titular del Juzgado de Garantías 1 con asiento en los tribunales de Azul- resolvió elevar a juicio las actuaciones penales que se habían iniciado por esta infracción a la Ley 23.737.

Las mismas fuentes precisaron que lo resuelto ya adquirió rango de firmeza, teniendo en cuenta que las defensas técnicas -representadas en este caso por el abogado Sergio Roldán y la defensora Oficial Mariana Mocciaro- de los cuatro encausados no habían manifestado en su momento oposición a la requisitoria de elevación a juicio que formulara Lucas Moyano, el fiscal que instruyera este sumario.

En ese contexto, también se dispuso ahora que el expediente sea remitido a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal con sede en el tercer piso del Palacio de Justicia, para que en la Alzada departamental -tal como habitualmente sucede- se efectúe el sorteo del Tribunal Oral en lo Criminal donde los ahora procesados serán sometidos a ese futuro debate.

Dos varones y dos mujeres

Tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor, en concurso ideal con comercialización de estupefacientes, agravado por la participación de tres personas, son los delitos por los que serán juzgados los varones y las mujeres.

Uno de los ahora procesados había sido identificado como Carlos José María Cano, un azuleño que registra varios antecedentes penales computables y actualmente tiene 52 años de edad.

De acuerdo con lo informado, Cano continúa preso en la Unidad 17, la cárcel del SPB que está en Urdampilleta, la localidad perteneciente al Partido de Bolívar.

Su detención en esta investigación penal había sido ordenada, también por la jueza de Garantías Magdalena Forbes, en abril pasado.

Cuando el año anterior se hicieron los procedimientos que en Azul derivaron en los arrestos de los demás acusados, también había sido allanada la celda que Cano ocupaba en esa unidad penal donde continúa alojado, diligencia durante la cual le había sido incautado un teléfono celular.

Néstor Eduardo "Lalo" Scaserra, que tiene 57 años de edad y sigue preso en la Unidad 7; Johanna Belén Ocanto, una azuleña de 27 años; y Araceli Elizabeth Otegui, que es oriunda de La Plata y tiene 26 años, se llaman los demás acusados que tiene esa investigación que ya está concluida y hace dos días fue elevada a juicio.

Cuando hace dos meses se había dispuesto la detención para Cano mientras estaba preso en la cárcel de Urdampilleta, en ese entonces la medida cautelar fue ordenada por ser considerado el presunto autor del delito de "comercialización de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas al consumidor agravada por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo", según se mencionaba en la resolución firmada por la misma Jueza garante que ahora resolvió elevar a juicio esta Investigación Penal Preparatoria.

En tanto, Scaserra, Ocanto y Otegui están privados de la libertad desde el 24 de octubre del año pasado, cuando resultaran arrestados durante las realizaciones de los allanamientos en los inmuebles de esta ciudad donde se domicilian.

Contando también con órdenes de la magistrada titular de Garantías 1, aquellos procedimientos fueron realizados por personal perteneciente a la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina.

Cuando Araceli Otegui fue arrestada aquel día ya referido, en su casa -ubicada sobre la calle Avendaño- los agentes de la Federal hallaron en su poder más de un kilo de marihuana, la cual estaba en una de las habitaciones del inmueble convertido en escenario de este procedimiento; que incluyó los secuestros de dos teléfonos celulares, plantines de marihuana, un picador y una balanza.

Aquel sábado 24 de octubre, el allanamiento que derivara en la aprehensión de Ocanto -la otra joven ahora procesada- tuvo como objetivo una casa ubicada en Avenida Madres de Plaza de Mayo y Ruta 51.

En ese inmueble los policías incautaron 854 gramos de marihuana que estaban dentro de un placard "en dos envoltorios de color negro", según se describía en las actuaciones penales.

Cinco teléfonos celulares y más de 14.000 pesos fueron secuestrados también durante este procedimiento que se tradujo en el arresto de una de las mujeres encausadas.

En Villa Fidelidad, en una vivienda situada sobre la calle Roca, se había realizado el tercero de los allanamientos relacionados con esta investigación.

En ese lugar fue aprehendido Scaserra, sin que en su poder se hallaran estupefacientes pero siendo incautados un teléfono celular, 16.000 pesos y un revólver que estaba desarmado y, por lo tanto, no apto para su utilización.

Entre las pruebas que ubican a los cuatro procesados como integrantes de esta organización que en Azul al parecer se dedicaba a comercializar estupefacientes al menudeo figuran escuchas a sus teléfonos celulares, los cuales habían sido intervenidos tiempo atrás desde la Justicia.

En esa supuesta red de comercialización de drogas, Carlos José María Cano es sindicado como el encargado de coordinar -vía telefónica desde la cárcel donde sigue preso- esta actividad ilegal con los demás coimputados.

Desde la Acusación se sostiene que los cuatro procesados, al menos desde mayo hasta octubre del año pasado, "se dedicaron en forma organizada a la comercialización de estupefacientes del tipo clorhidrato de cocaína y marihuana en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor". Y en ese contexto, a Cano se lo señala como quien, a pesar de estar preso, "articulaba con los restantes consortes de causa" la manera para "facilitarles sustancias estupefacientes y obtener de ello un rédito".

EL DATO

Cuando Johanna Belén Ocanto fue arrestada el 24 de octubre pasado, en la casa donde vive cumplía prisión domiciliaria por un intento de homicidio en perjuicio de una joven. La investigación penal que se iniciara por ese hecho fue elevada a juicio en primera instancia hace un año por la misma Jueza de Garantías que ahora dio lugar al pedido para que se convierta en materia de otro debate el sumario que la tiene a Ocanto imputada por esta infracción a la Ley 23.737. En el caso de Otegui, procesada también hace dos días, cuando fuera arrestada hace ocho meses durante aquel allanamiento en su casa figuraba investigada en otra causa penal relacionada con la presunta venta de drogas al menudeo, situación por la que había sido aprehendida a fines de 2019. Entre los varios imputados que tenía, aquella investigación involucraba también a Carlos Cano y a una mujer policía.

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