A través de esa resolución dada a conocer ayer miércoles, había sido rechazado un planteo de declinación de la competencia para que las actuaciones, iniciadas a principios del mes anterior, sean remitidas al ámbito de la justicia federal con asiento en Azul.

En primera instancia, lo dispuesto lleva la firma de Magdalena Forbes, la titular del Juzgado de Garantías 1 con asiento en el Palacio de Justicia local, quien no dio lugar al planteo de incompetencia en esta investigación penal que formulara días atrás el fiscal José Ignacio Calonje; el cual después había sido acompañado por la defensora Oficial Adriana Hernández.

El titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales es quien hasta el momento sigue al frente de la tramitación de esta causa; aunque sostiene que las características de "las conductas en estudio" en ese sumario las vuelven propias del llamado "fuero de excepción" -que en este caso sería la justicia federal con asiento en Azul- para que sean investigadas.

Pero distinto fue el enfoque de la magistrada que también entiende en este sumario penal.

Según la jueza de Garantías Forbes señaló en lo resuelto, quienes podrían figurar acusados integran el actual Directorio del Hospital de Niños, un "efector de Salud provincial".

"Si bien no se pone en duda el interés del Estado Nacional en vacunar a toda la población..., lo cierto es que al delegar éste sus funciones a las autoridades provinciales para la distribución, logística, recursos humanos, sistema de información, registro, monitoreo, supervisión y evaluación de las vacunas y finalmente su aplicación a la población, indudablemente delega además su contralor". De esa manera, "todas las conductas que puedan encuadrarse en delitos que no conlleven a una inmediata competencia federal deben ser juzgados en el ámbito provincial", sostuvo Forbes para rechazar ese planteo de incompetencia.

Más allá de que por el momento el fiscal Calonje no ha hecho una calificación penal de esas conductas que investiga en el sumario todavía a su cargo, a criterio de la Jueza garante esta pesquisa podría derivar -para los eventuales responsables en lo sucedido- en futuras imputaciones por delitos tales como "malversación de caudales o efectos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público", ilícitos que habrían sido cometidos "en concurso ideal de acciones".

Tal lo que ya ha venido siendo informado por EL TIEMPO, a principios del mes pasado una enfermera del Hospital de Niños llamada María Soledad Miranda había denunciado esta aparente situación irregular.

De acuerdo con lo que la trabajadora de la Salud sostiene, en el centro asistencial con sede en Malére y Prat dosis contra el COVID-19 que debían ser recibidas por personas que estaban anotadas en el listado oficial y sacaron turnos de manera online para ser vacunadas terminaron siendo suministradas a allegados del personal jerárquico.

El testimonio de la enfermera revela que esas dosis se aplicaron a conocidos y familiares de los miembros del actual Directorio, cuando sus nombres no figuraban en los listados oficiales para que reciban las vacunas, También afirmó la denunciante que todo eso sucedió cuando las personas que eran citadas para ser vacunadas no concurrían al Hospital de Niños.

De acuerdo con lo informado a EL TIEMPO por voceros allegados a esta investigación, el fiscal José Ignacio Calonje tiene previsto recurrir ante la Cámara Penal el rechazo de la declinatoria de la competencia de la justicia ordinaria en esta causa, la medida que dispusiera ayer miércoles en primera instancia la magistrada Magdalena Forbes.

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