25 de abril de 2018
Está siendo investigado a través de dos causas penales, ante la sospecha de “negociaciones incompatibles” con lo que fuera su desempeño en la función pública. Por uno de esos sumarios, el viernes pasado le habían allanado su casa y el despacho que ocupaba en sede judicial. Esa misma investigación involucra, además, a un abogado de Olavarría. Además, Marcelli denunció a un penalista de la vecina ciudad.
Martín Marcelli ayer. Luego de renunciar como Defensor Oficial, dio detalles de su dimisión del cargo en una entrevista en el Diario El Popular de Olavarría. EL POPULAR MEDIOS
Ahora hay un ex funcionario judicial del Fuero Penal departamental local, que renunció ayer en los Tribunales de Azul. También, dos denuncias que lo involucran y por las cuales, en una de esas presentaciones, tanto a él como a un abogado particular les allanaron el pasado viernes en Olavarría sus propiedades.
A todo eso hay que sumarle una tercera denuncia que el hasta ayer Defensor Oficial, convertido en uno de los protagonistas de esta historia, hizo días atrás.
En esa presentación denunció a un tercer abogado de la vecina ciudad. El mismo al que, en un audio telefónico que se viralizó, el otro penalista del ámbito privado que también está siendo investigado le habla sobre un eventual cliente que tenía en principio su interlocutor, pero que después hizo averiguaciones para que empezara a representarlo ese otro abogado que le manda el audio. Todo eso, al parecer surgido de gestiones -incompatibles y punibles- llevadas adelante por quien ayer renunció como Defensor Oficial.
Si se tratara de una receta, esos serían los ingredientes de lo que por estos días se está “cocinando” en el ámbito del Departamento Judicial Azul en formato de tres investigaciones penales que podrían confluir en una sola: una preparación que huele a escándalo y salpica de manera directa -por el momento sólo en la ciudad de Olavarría- a uno de los tres poderes del Estado.
El ex Defensor Oficial, participando de un juicio con jurados realizado semanas atrás en los Tribunales de Azul. NICOLÁS MURCIA/ARCHIVO/EL TIEMPO
Una renuncia y allanamientos
Ayer Martín Marcelli, uno de los protagonistas de toda esta situación, viajó a Azul. Y trajo por escrito para entregarle a su jefe en Tribunales, el defensor General Diego Fernández, lo que -según él sostuvo- era su renuncia “indeclinable” a su función como Defensor Oficial.
Según afirmaría después en entrevistas que durante la tarde de ayer le concedió a dos medios olavarrienses -el diario “El Popular” y el periódico digital “En Línea Noticias”-, una situación que obedeció a cuestiones completamente ajenas a esas dos denuncias penales donde está siendo investigado, ya que su dimisión estuvo enfocada en la idea, de acá en más, de comenzar a desarrollar su labor como abogado desde el ámbito privado y ya no como funcionario judicial a cargo de una de las Defensorías con sede en la vecina ciudad.
Paula Serrano, la funcionaria judicial azuleña actualmente a cargo de una de las fiscalías del Departamento Judicial local con sede en Olavarría, había pedido, en el marco de la instrucción de una causa penal donde investiga a Marcelli y a un abogado particular de la vecina ciudad llamado Marcelo Fuche, varios allanamientos.
El viernes pasado finalmente fue el juez de Garantías Juan José Suárez -después de que otros magistrados se excusaran de intervenir en ese expediente judicial- el que dio lugar a esos procedimientos.
Aquel día, contando con una orden firmada por el actual titular del Juzgado de Garantías número 3 con sede en los Tribunales de Azul, de manera simultánea se llevaron a cabo varios allanamientos en la vecina ciudad.
Teniendo en cuenta quiénes están siendo investigados y que uno de ellos era hasta ayer funcionario judicial, para realizar los allanamientos Serrano contó con apoyo de funcionarios del cuerpo de instructores de la Procuración bonaerense. Y si bien el brazo “armado” de esos procedimientos fueron policías, a los allanamientos no los hicieron efectivos de la Provincia. Los realizaron agentes de la Federal, quienes llegaron expresamente desde Mar del Plata para participar en esas varias diligencias ordenadas, que se tradujeron en los hallazgos y posteriores secuestros de elementos que son considerados de suma importancia para una de las tres investigaciones penales preparatorias que se están llevando adelante por toda esta situación.
Lo de “armado” no es un concepto antojadizo. Al respecto, hay versiones que señalan que cuando fue allanada una de las propiedades de Martín Marcelli, al ingresar la Policía a ese lugar una persona que estaba con el Defensor Oficial renunciante había sido obligada a tirarse al piso. Los efectivos de la Federal, además, le habrían esgrimido esas armas de fuego que portaban durante lo que fue ese procedimiento.
Se buscaban, y finalmente se incautaron, teléfonos celulares, material informático y también documentación, entre las cuales se habló del secuestro de fotocopias que serían de causas judiciales.
Además del domicilio particular de Marcelli, se allanó su despacho en sede judicial, perteneciente a esa Defensoría Oficial que conducía hasta ayer. Y el procedimiento incluyó como otro objetivo la vivienda de su ex esposa.
Lo mismo ocurrió con relación al otro investigado en esa causa penal que está instruyendo Paula Serrano, ya que el viernes que pasó fueron allanados el estudio y la casa del abogado olavarriense Marcelo Fuche.
Por el momento ni Marcelli ni Fuche están procesados. Pero los allanamientos que se hicieron el viernes obedecieron a esa investigación que lleva adelante la fiscal Serrano, donde hay sospechas de que Marcelli podría convertirse en el acusado de delitos como “negociaciones incompatibles con la función pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En esas figuras penales el juez de Garantías Suárez encuadró el pedido de la fiscal azuleña para que los ya referidos allanamientos fueran realizados.
En ese mismo contexto, el nombre del abogado Fuche podría llegar a figurar como un eventual “partícipe necesario” de una maniobra ilegal que se está intentando determinar: un nexo entre ambos a través del cual Marcelli “desviaba” desde su rol como funcionario público judicial potenciales clientes para que los patrocinara Fuche. Algo por lo cual después, aparentemente, los dos se repartían el cobro de lo que surgía de ese patrocinio letrado.
El origen
Esa presunta maniobra delictiva comenzó a quedar al descubierto el pasado 17 del corriente mes.
Aquel día, en el despacho de la jueza de Garantías con sede en Olavarría Fabiana San Román, se realizó una audiencia con un preso, relacionada con un pedido de habeas corpus presentado por parte de ese encausado.
En aquel encuentro el detenido -un interno de la Unidad 38, una de las cárceles que está en Sierra Chica- denunció al ahora ex defensor Oficial Martín Marcelli y al abogado Marcelo Fuche ante la Jueza de Garantías.
Su abogado hasta ese entonces era Sergio Roldán, el mismo al que después Marcelli también denunciaría (ver cuadro aparte).
El interno habría contado que estando en el penal tuvo un encuentro con el abogado Fuche, quien al parecer le hizo firmar unos papeles cuyo contenido el recluso desconocía, pero que incluían que renunciaba a seguir siendo representado por Roldán y que de ahora en adelante el que asumía su patrocinio era el abogado al que viernes pasado le allanaron su casa y su estudio en la vecina ciudad.
Siempre de acuerdo con lo que trascendió con relación a esa audiencia en sede judicial de Olavarría, el interno señaló también que la presencia de Fuche en el penal había obedecido a un pedido del por entonces defensor Oficial Marcelli.
Lo que el preso denunció hizo que la audiencia se suspendiera, que la Jueza de Garantías convocara a otro fiscal más a su despacho, Christián Urlezaga, y que comenzara a llevarse adelante esa Instrucción Penal Preparatoria que ahora está en manos de la fiscal Serrano y que el viernes que pasó se tradujo en los allanamientos a Marcelli y a Fuche.
Las sospechas apuntan a una presunta vinculación que ambos podrían tener para que el abogado particular patrocine a imputados a través de gestiones realizadas por el hasta ayer funcionario judicial.
Una práctica que -según después habría declarado el abogado Sergio Roldán en esa misma causa penal que se inició- él mismo advirtió en diferentes sumarios penales en los que también patrocinaba a otros defendidos.
El dato
Martín Marcelli habló ayer en los medios de Olavarría, tras renunciar, de la existencia de “una falsa denuncia” en la que responsabiliza tanto al abogado Sergio Roldán como a la fiscal Paula Serrano, de quien dijo que debió haberse excusado de intervenir en esa causa que lleva adelante, funcionaria judicial a la que al parecer tiene previsto recusar en esa investigación donde se está representando a sí mismo. “No renuncio para evitar que me enjuicien, no renuncio por temor a un jurado de enjuiciamiento”, aclaró sobre esa dimisión que también ayer presentó ante el defensor General Diego Fernández.
Facsímil de la carta entregada ayer por Martín Marcelli dando cuenta de su renuncia al cargo de Defensor Oficial.
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