TRENES DE PASAJEROS. Por ahora, sólo entre Constitución y Cañuelas

Ordenada por el magistrado Gabriel Di Giulio, la medida se conoció anteayer viernes y, concretamente, habilita nuevamente ese servicio para el tramo que une Constitución con Cañuelas.

El pasado día 14 del corriente mes, ese Juez había prohibido el funcionamiento del servicio de trenes de pasajeros desde la estación porteña a Bahía Blanca a causa de lo que fuera aquel siniestro sucedido seis días antes en jurisdicción de Olavarría, el cual había derivado en que varias personas resultaran con diferentes lesiones, aunque ninguna de gravedad.

Esa decisión estuvo fundamentada, entre otras cuestiones, en garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores ferroviarios. Y fue dispuesta, además, ante información en diferentes medios que daba cuenta del restablecimiento del servicio, sin que en ese entonces existiera por parte de las empresas concesionarias ni de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) "ninguna declaración que asegure la indemnidad de los pasajeros, personal ferroviario, etc. por el estado de la red"; y cuando todavía estaban pendientes de realización diligencias ordenadas por el Juez a cargo de esta investigación penal.

En lo resuelto hace dos días, Di Giulio también se dirigió "a los usuarios y a la comunidad en general". Específicamente, para referir que la medida cautelar que dispusiera el pasado 14 de marzo -y de la que ahora exceptuó a la empresa a cargo del servicio en el tramo que va de Constitución a Cañuelas- "tiene un único propósito: la integridad física y seguridad de las personas".

"También quiero dejar suficientemente en claro -expresó el Juez Federal- que si las empresas concesionarias o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) certifican el estado de la red ferroviaria garantizando su seguridad, la medida cautelar se dejará sin efecto inmediatamente".

Pero hasta hace dos días, sólo la firma a cargo del transporte de pasajeros en el tramo Constitución-Cañuelas había garantizado la seguridad del servicio, lo que hizo que el funcionario judicial azuleño dispusiera "el levamiento de la medida cautelar" en ese trayecto.

Lo resuelto ahora

Limitar los efectos de la medida cautelar de prohibición del restablecimiento del servicio de trenes de pasajeros que hace trece días ordenara el titular del Juzgado Federal número 1 con asiento en Azul surgió después de un informe que, a pedido del propio magistrado Di Giulio, confeccionara la empresa a cargo del servicio en el tramo ahora habilitado para el transporte de pasajeros.

Se trata de la firma SOFSE, que sostuvo que la red ferroviaria a su cargo desde Constitución hasta Cañuelas presenta un buen estado de sus vías, dando cuenta también que se habían realizado inspecciones luego de que se produjera en las primeras horas del pasado 8 de marzo el descarrilamiento que todavía sigue siendo materia de una investigación desde la justicia federal.

Tal lo que ya ha venido siendo informado, aquel siniestro había sucedido a la altura de la Estación Pourtalé, en el Partido de Olavarría, cuando una formación -identificada con el número 333, compuesta por la locomotora y doce vagones en los que viajaban 479 personas- circulaba en dirección hacia Bahía Blanca.

Tras ese siniestro que derivara en que varios pasajeros resultaran lesionados, el Juez Federal sostuvo que hasta este viernes que pasó, "con la excepción del tramo Constitución-Cañuelas concesionado a SOFSE, ninguna autoridad se ha pronunciado acerca de la funcionalidad y seguridad de la red ferroviaria" que él viene reclamando a través de esa causa penal en la que interviene.

Al igual que lo hiciera con la firma SOFSE (Trenes Argentinos), el magistrado azuleño que investiga este descarrilamiento solicitó informes sobre el estado de la red vial y de las formaciones utilizadas para transportar pasajeros a las demás empresas concesionarias de los restantes tramos que unen el ramal Constitución-Bahía Blanca: Ferrosur Roca, a cargo del trayecto Cañuelas-Olavarría; y Ferroexpreso Pampeano, cuya concesión va desde Olavarría hasta Bahía Blanca.

Con relación a la traza vial comprendida entre Cañuelas y Olavarría, el Juez requirió a la empresa Ferrosur Roca que informe en los "cinco días hábiles" posteriores a emitida esta resolución "si la red ferroviaria que integra el ramal Constitución-Bahía Blanca, en el tramo señalado, se encuentra en condiciones óptimas para garantizar la seguridad de los pasajeros, personal ferroviario y formación, en el marco de los estándares aplicables".

"En caso de no resultar factible dicha respuesta deberán indicar las causas, las tareas necesarias y el tiempo que insumirá", informe considerado fundamental, ya que a partir de lo que refleje se evaluará si se restituye también el servicio de trenes de pasajeros para el tramo Cañuelas-Olavarría.

En tanto, para la empresa a cargo del ramal que une la vecina ciudad con Bahía Blanca, sector donde se produjo el descarrilamiento, el Juez señaló que "se requerirá de la CNRT la elaboración de un informe en el que indicará si la red ferroviaria garantiza la seguridad de los pasajeros, tripulación y terceros". "En su caso -puede leerse en lo dispuesto anteayer-, informará las tareas que se deban realizar, el tiempo que insumirán y las medidas que deberán adoptarse durante su ejecución", en la previa a poder disponer también el restablecimiento del servicio en ese sector.

"Esta medida es necesaria porque, además de tratarse del tramo de concesión en que se produjo el siniestro, el estado de durmientes, fijaciones, etc. y los problemas advertidos por Trenes Argentinos abren dudas sobre la seguridad operacional de la red", afirmó el funcionario judicial.

"Evaluación pericial"

El juez Federal Di Giulio también dio lugar a una solicitud de la empresa SOFSE para que se realice "una evaluación pericial del estado de la vía en las zonas de circulación del tren de pasajeros entre las estaciones de Plaza Constitución y Bahía Blanca". En especial, en el tramo Olavarría-Bahía Blanca, el sector donde el pasado 8 de marzo se produjo el descarrilamiento del tren.

Si bien el magistrado azuleño ordenó mantener el secuestro de la formación siniestrada, autorizó a SOFSE al "traslado, reparación y puesta en funcionamiento" de la misma.

A través de su apoderado legal -el abogado Marcelo Eduardo Markic- Trenes Argentinos había pedido al titular del Juzgado Federal número 1 de Azul los levantamientos de los secuestros de la locomotora y la formación del tren siniestrado o, de manera subsidiaria y tal como finalmente se resolvió, "la autorización para su traslado, reparación y puesta en funcionamiento".

También, desde la firma SOFSE se solicitaba el restablecimiento del servicio público de pasajeros para el ramal Constitución-Bahía Blanca -que hasta ahora sólo ha sido autorizado desde la estación con sede en CABA hasta Cañuelas- y la ya referida "evaluación pericial del estado de la vía en las zonas de circulación del tren de pasajeros entre las estaciones de Plaza Constitución y Bahía Blanca", diligencia esta última que autorizara el Juez que interviene en esta causa; aunque poniendo especial atención en el estado que presentan las vías en el sector donde el descarrilamiento se produjo.

EL DATO

La empresa Trenes Argentinos solicitaba al Juez Federal de Azul que la medida cautelar quedara sin efecto para restablecer el servicio ferroviario en todo el ramal Constitución-Bahía Blanca. Basaba ese pedido en la "fuerte" demanda de los usuarios. También, ante trascendidos que indicaban la posibilidad cierta de convocarse a un paro nacional de todas las líneas ferroviarias del país para este martes con motivo de la interrupción del servicio, que desde hace dos días sólo quedó habilitado para trasladar pasajeros en el tramo que une a la estación porteña con la de Cañuelas.

"Posibles problemas en la infraestructura ferroviaria"

El 8 de marzo pasado, cuando el tren de pasajeros se descarriló en cercanías de Pourtalé, el juez Federal Gabriel Di Giulio había recorrido la zona del siniestro. Y días después volvió a hacerse presente en ese lugar para constatar el estado de la red ferroviaria, siendo acompañado y asistido en aquella segunda ocasión por un Ingeniero Civil que forma parte del plantel docente de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN y por personal de la Policía Científica bonaerense con sede en Azul.

"De la inspección ocular de la red ferroviaria se verificaron, en la zona aledaña al siniestro, durmientes deteriorados y anclajes (conexión de las vías con los durmientes) inexistentes o sin sujeción que, sin que implique ninguna consideración de carácter criminalístico, ya que serán los peritos quienes evaluarán y dictaminarán sobre el cuadro accidentológico, determinaban por el principio de prevención que las empresas concesionarias y/o el organismo de control (la CNRT) indicaran en forma clara, precisa y directa si la red se encontraba en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad del transporte", puede leerse en un tramo de la resolución dada a conocer anteayer.

Los motivos del descarrilamiento de la formación "se encuentran en plena investigación", sostuvo también el Juez Federal. Y agregó: "Las pericias realizadas indicaron algunos posibles problemas en la infraestructura ferroviaria, al menos en las inmediaciones de la estación Pourtalé".

Si bien eso no significa "necesariamente" que haya sido el factor que provocó el siniestro, para el magistrado azuleño "tales datos sembraron fundadas y serias dudas sobra la seguridad de las vías. Máxime, después del descarrilamiento"

En lo resuelto, Di Giulio también escribió: "Es imprescindible que el servicio público de transporte de pasajeros cuente con las garantías y la responsabilidad de los concesionarios y de la CNRT en su función de supervisor".

"Los usuarios deben tener todas las garantías para asegurar su integridad", al igual que "los trabajadores ferroviarios y los terceros en general".

"No existe ninguna duda acerca de la importancia que reviste el servicio público de transporte de pasajeros por trenes. Pero tampoco debería existir ninguna duda acerca del deber que pesa sobre los diferentes actores (privados y públicos) de certificar con responsabilidad el óptimo estado de la red o, de lo contrario, adoptar sin demora las medidas eficientes que permitan sustentar la indemnidad de los pasajeros", afirmó el Juez Federal que investiga este hecho.