"BANDA DE LOS PERUANOS" . Por "tenencia" y "comercio" de drogas, todos procesados con prisión preventiva

La banda había podido ser desbaratada en septiembre pasado, cuando se realizaron las detenciones de seis imputados -algunos de los cuales registran antecedentes delictivos- y diligencias en los inmuebles donde residen.

En ese contexto, el mes anterior se allanaron domicilios en la Capital Federal y otros más que están situados en localidades del conurbano bonaerense. Y en el marco de la instrucción de esta causa, más diligencias habían sido ordenadas y se hicieron en la ciudad de La Plata y en dos cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Tal lo que EL TIEMPO ya informara, la organización criminal había podido ser desmembrada a través de una investigación llevada adelante desde la justicia federal con asiento en Azul, pesquisa que el 17 de septiembre derivara en los arrestos de los imputados.

Considerando las nacionalidades de la mayoría de los investigados, a la organización desarticulada en aquel entonces se la denominó la "Banda de los peruanos".

Desde el Juzgado Federal 1 a su cargo en esta ciudad, días atrás el magistrado Gabriel Di Giulio procesó con prisión preventiva a los seis imputados, trabando además sobre todos ellos embargos de sus bienes hasta cubrir la suma, en cada uno de los casos, de cinco millones de pesos.

"La ponderación integral de la prueba reunida... permite afirmar, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, que los coimputados tomaron parte en una organización destinada a la comercialización de estupefacientes en los términos delimitados en la imputación penal que les fue intimada en las respectivas audiencias de declaración indagatoria", escribió el pasado 3 de octubre en lo resuelto en esta primera instancia el Juez azuleño.

"El producido de las intervenciones telefónicas, los movimientos de dinero extractados por los informes bancarios y de plataformas y los hallazgos resultantes de los allanamientos, verificados -especialmente los primeros- a lo largo del tiempo insumido por las tareas investigativas, exhiben la nota de habitualidad en las interacciones entre los imputados y con terceros", concluyó también el titular del Juzgado Federal 1 para el dictado de estas medidas cautelares, que involucran a cinco ciudadanos de nacionalidad peruana -entre los cuales figuran dos mujeres- que en su mayoría son familiares entre sí y, también, a un argentino.

Ese 17 de septiembre pasado, allanamientos encabezados por policías bonaerenses pertenecientes a la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas con sede en Azul permitieron detener a los cuatro varones y a las dos mujeres, una de las cuales sigue bajo arresto domiciliario.

En esas diligencias, además, se hallaron e incautaron importantes cantidades de estupefacientes. Específicamente, cocaína y marihuana, al igual que elementos demostrativos de la actividad ilícita por la que a principios de este mes la totalidad de los integrantes de la "Banda de los peruanos" fue procesada con prisión preventiva.

Contando con un pedido formulado desde la Sede Fiscal Descentralizada de Azul perteneciente a la justicia federal, aquellos allanamientos que se realizaron en forma simultánea el mes anterior tuvieron como objetivos, en Capital Federal, un departamento de un edificio ubicado sobre la Avenida Avellaneda y otro que está situado en Avenida Rivadavia.

Además, se allanaron un departamento de un complejo habitacional que está en Virreyes, localidad perteneciente al Partido de San Fernando en la que escenario de otra diligencia de similares características fue una casa situada sobre la calle Fernando Fader.

En tanto, en Gobernador Julio Acosta, una localidad del Partido de Florencia Varela, se realizó otro de los allanamientos, también en un departamento. Y hubo más diligencias en la ciudad de La Plata y en dos cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense: la Unidad 32 de Florencio Varela y la 2 de Sierra Chica.

Un preso que compró cocaína

Durante el transcurso del año anterior se había iniciado esta causa, luego de que se detectara que un interno que estaba en la Unidad 2 -procesado en una primera instancia desde la Justicia Federal con asiento en Azul en octubre de 2023, también por una infracción a la Ley 23.737- se dedicaba a vender drogas en ese contexto de encierro.

En marzo de 2024 al recluso le había sido incautado un teléfono celular, tras ser allanada la celda que ocupaba en uno de los penales del complejo del SPB que está en Sierra Chica, desde donde tiempo después sería trasladado a otra cárcel.

Según se señala en las actuaciones penales, ese hombre le había comprado "material estupefaciente" desde la cárcel -el cual pagó unos 14.000 pesos- a uno de los varones que ahora ha sido procesado con prisión preventiva, sospechado de formar parte de la "Banda de los peruanos".

También pudo determinarse que, en ese contexto de encierro en el que permanecía, el interno vendía drogas a más presos. Y la pista hallada en su teléfono celular se convirtió en el elemento que condujo hacia la organización delictiva para quien se ordenó su procesamiento en esta primera instancia días atrás.

Ahora, a las dos mujeres y a los cuatro varones imputados el juez Di Giulio les atribuye "haber conformado una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes que operó en CABA, Virreyes y Florencio Varela".

"Al menos, desde el 15 de marzo de 2024 -cuando el preso que estaba en la Unidad 2 de Sierra Chica le compró cocaína a uno de los investigados- hasta el 17 de septiembre de 2025".

"Asimismo, se les atribuye a los nombrados la tenencia con fines de comercialización de aproximadamente 884,58 gramos de cocaína y 536,9 gramos de marihuana que fueron hallados, en parte fraccionados y acondicionados para la venta y en parte en trozos para su posterior fraccionamiento, en los allanamientos materializados el día 17 de septiembre de 2025", agregó el magistrado azuleño en la resolución donde procesó a los integrantes de la "Banda de los peruanos" con prisión preventiva.

Mientras que uno de los peruanos imputados -que se percibe mujer y se hace llamar "Valentina"- "mantenía contactos frecuentes y coordinaba operaciones, en principio, relacionadas con el tráfico", los demás procesados "prestaban colaboración, facilitaban cuentas bancarias o de plataformas con las que se efectuaban transacciones dinerarios presumiblemente originadas por el comercio de estupefacientes y, finalmente, detentaban material estupefaciente y elementos de pesaje y fraccionamiento", situaciones estas últimas surgidas de los allanamientos que personal policial concretara el ya referido 17 de septiembre pasado.

Dos días más tarde de efectivizadas las seis medidas cautelares, los imputados fueron indagados a través de audiencias desarrolladas en el Juzgado Federal 1 de Azul.

Durante las mismas, sólo uno de los detenidos había declarado.

"La primera aclaración que quiero hacer es que en mi domicilio no se encontró cocaína... me la pusieron los policías cuando fueron a hacerme el allanamiento", afirmó ese imputado. Y refirió también: "Yo jamás he estado en ninguna banda como se me ha dicho, que es una banda de narcotraficantes", indicando que sólo conoce a uno de los consortes de causa y no a los demás.

Pero sus dichos no son creíbles, considerando -fundamentalmente- el extenso caudal probatorio reunido en esta investigación penal, que ubica a los sospechados formando parte de esta organización delictiva dedicada a vender drogas, la cual fuera desbaratada durante el transcurso del mes anterior a través de esa investigación iniciada el año pasado desde la Justicia Federal de Azul.

El dato

"Por razón del territorio" donde se investigan los hechos materia de instrucción de esta causa iniciada desde el Juzgado Federal 1 de Azul, el magistrado Gabriel Di Giulio resolvió también "declinar la competencia" en el caso. Por tal motivo dispuso que las actuaciones vinculadas con este expediente continúen desarrollándose desde un juzgado con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los imputados

Elva Sadith Olivera Céspedes, de 32 años de edad, se llama una de las mujeres imputadas por esta infracción a la Ley 23.737. Es la única que sigue cumpliendo arresto domiciliario luego de que fuera ordenado su procesamiento días atrás en el marco de esta causa. La medida cautelar la tiene privada de su libertad, algo que ya venía haciendo en el marco de otra investigación penal por drogas iniciada desde la justicia ordinaria, en el departamento de un edificio situado sobre la calle Rivadavia de CABA.

Edith Céspedes Ruiz (50) es otra de las investigadas, también de nacionalidad peruana. No bien resultara detenida en la Capital Federal el mes anterior, una vez traída a Azul pasó a estar privada de la libertad en la Subcomisaría de Chillar. Es la madre de la mujer mencionada en primer término y sigue alojada en esa seccional policial.

José Pablo Solsol Céspedes se llama uno de los varones procesados por esta infracción a la ley de estupefacientes. De 21 años de edad, es hijo de la mujer nombrada en el párrafo anterior y sigue preso en la Estación de Policía Comunal de Laprida.

Jorge "Valentina" Céspedes Ruiz es otro de los imputados. De 48 años de edad, continúa en la Estación de Policía Comunal de Rauch.

El quinto de los peruanos procesados fue identificado por voceros allegados a esta investigación penal como Neón Alberto Alva Vidal, tiene 51 años y este jueves que pasó había sido trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal: la Unidad 28, que está en CABA.

En tanto, el argentino imputado se llama Julián Antonio Espinoza. De 33 años de edad, ese hombre fue el único que declaró en las audiencias indagatorias a los acusados realizadas el pasado 19 de septiembre. Todavía sigue preso en la Seccional Primera de la Policía bonaerense que tiene su sede en Azul.