FALLO DE UN JUICIO ABREVIADO

FALLO DE UN JUICIO ABREVIADO

Una ex empleada municipal fue condenada por varios delitos

Tres años de prisión de cumplimiento condicional y la "inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos" fueron las sanciones que un juez le impuso a una mujer declarada autora de diferentes hechos de fraude y estafa que, según quedó demostrado, cometiera mientras desempeñaba tareas en el Municipio de Olavarría.

5 de febrero de 2024

Luego de una investigación penal iniciada años atrás, la encausada y dos mujeres más -que después también terminarían siendo condenadas- habían sido detenidas en esa vecina ciudad.

Actualmente en libertad, teniendo en cuenta que recibió en este proceso abreviado una pena de ejecución en suspenso, la condenada recientemente por los ilícitos mencionados fue identificada por voceros judiciales como Gabriela Claudia Carlos.

Oriunda de Olavarría y radicada en esa vecina ciudad, tiene 51 años de edad.

A través de ese juicio abreviado al que fuera sometida en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 con sede en el Palacio de Justicia de Azul, Carlos fue condenada a las penas ya referidas como "coautora" de "fraude en perjuicio de una administración pública, en concurso ideal con uso de instrumento público falsificado reiterado, en concurso real con asociación ilícita", según se menciona en el fallo, que data del pasado jueves y lleva la firma del magistrado Joaquín Duba.

Ese mismo Juez también declaró a la olavarriense, por más ilícitos tratados en el mismo proceso, "autora" de dos hechos de "estafa", de uno de "estafa en tentativa" y de dos episodios definidos por el delito de "uso de instrumento público falsificado", los cuales en su totalidad la mujer cometiera "en concurso real de acciones".

Esos tres años de prisión en suspenso que le fueron dictados a la mujer implicaron, además, que el Juez que intervino en este proceso abreviado le fijara diferentes reglas de conducta.

La encausada debe cumplirlas durante tres años y esas obligaciones consisten en fijar domicilio, someterse "mensualmente" al cuidado del Patronato de Liberados y no cometer delitos, según se refiere en el fallo.

Varios hechos

De acuerdo con lo que se señala en lo resuelto, Gabriela Claudia Carlos había cometido en Olavarría la totalidad de los ilícitos por los que ahora resultó condenada en esta primera instancia.

Esos hechos sucedieron mientras desempeñaba tareas en la comuna de esa ciudad.

En ese contexto, "en el período comprendido entre el 23 de julio de 2015 y el 6 de junio de 2017" formó parte de "una banda" que integraba junto con las demás mujeres que luego también resultarían condenadas por estos episodios delictivos.

Identificadas en lo resuelto como Silvia Elvira Baudry y Liliana Edith Álvarez, ambas -al igual que Carlos- eran empleadas municipales.

Mientras desempeñaban labores en la Dirección de Bromatología, "actuando en conjunto, con división de tareas, de manera organizada y con permanencia en el tiempo, mediante ardid y abusando de la confianza inspirada en su condición de empleadas públicas de la mencionada oficina, defraudaron patrimonialmente a la Municipalidad de Olavarría, cobrando en nombre de dicha administración pública, sin estar habilitadas para hacerlo, en dinero en efectivo, y en alguna oportunidad con cheques, servicios municipales tales como análisis de aguas y otros productos alimenticios (tanto bacteriológico como físico químico y arsénico), habilitaciones de transportes de sustancias alimenticias y demás trámites que se realizan en dicha oficina", se describe en el fallo,

En muchos de esos casos, además, emitían "recibos apócrifos" que les permitían apropiarse de manera indebida de sumas de dinero que "debieron ingresar a las arcas municipales", provocando de esa manera "un perjuicio patrimonial al erario municipal".

En lo resuelto se hizo mención a que el perjuicio patrimonial ascendió "a un total aproximado" de más de 285.000 pesos. Y que a través de cheques -formando parte la encausada junto con las otras mujeres de esta organización delictiva- entre todas lograron apoderarse de manera indebida de una suma superior a los 31.000 pesos.

Más de una decena de ciudadanos, entre los cuales varios eran titulares de diferentes empresas, figuraron como los damnificados por el referido accionar llevado a cabo por las ex empleadas municipales.

A fines de marzo de 2018, en el marco de la investigación penal que se había iniciado por estos ilícitos, todas ellas resultaron detenidas; aunque posteriormente dichas medidas cautelares quedaron sin efecto y recuperaron la libertad.

En el mismo juicio abreviado, cuyo fallo se anunciara este jueves que pasó,

Gabriela Claudia Carlos también fue condenada por diferentes hechos que cometiera durante el año 2017.

En ese entonces se hizo presente en varios comercios, "presentándose como agente de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Olavarría", se menciona en lo resuelto. Y "sin estar autorizada para dicha tarea y mediante ardid, argumentando que debía realizar un análisis de agua y/o análisis de productos", les cobraba en efectivo a los propietarios de esos negocios para obtener las muestras, defraudándolos a todos ellos "para luego entregar, al menos en un caso, un protocolo con contenido falso y con la firma de la titular de Bromatología -por esa época lo era Mirta Alcobedo- falsificada".

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