EN MUNICIPIOS CON DESARROLLO AGROPECUARIO . Proponen implementar mecanismos de distribución federal de recursos destinados a los caminos rurales

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La senadora azuleña María Inés Laurini presentó un proyecto de Declaración en el que plantea al Congreso de la Nación la necesidad de impulsar un estudio e implementación "de mecanismos de distribución federal de recursos destinados específicamente al mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura vial rural, con especial consideración de las necesidades de las provincias y municipios cuya actividad económica se encuentra fuertemente vinculada a la producción agropecuaria".

En idéntico sentido, sostiene la necesidad de "promover un esquema de financiamiento sostenible, transparente y equitativo que fortalezca la capacidad de los gobiernos locales para atender la conservación de la red de caminos rurales, fundamental para el desarrollo productivo, el arraigo rural, la educación, la salud, la seguridad, la integración territorial y la competitividad de las economías regionales".

En su iniciativa, ingresada en el Senado bonaerense, Laurini puntualiza que "la Provincia de Buenos Aires posee una de las mayores redes de caminos rurales de la República Argentina. Miles de kilómetros de trazas de tierra permiten diariamente la circulación de la producción agropecuaria, el transporte escolar rural, el acceso a establecimientos de salud, la conectividad de las comunidades rurales y el funcionamiento de numerosas actividades económicas vinculadas al sector agroindustrial".

Señala, en tal sentido, que "la importancia estratégica de esta infraestructura resulta indiscutible. La producción agropecuaria bonaerense constituye uno de los principales motores económicos del país, aportando una parte significativa de las exportaciones argentinas, generando empleo directo e indirecto y contribuyendo sustancialmente a la generación de divisas y a la recaudación tributaria nacional".

"Sin embargo -observa la legisladora azuleña-, el mantenimiento de gran parte de la red vial rural recae principalmente sobre los municipios, que deben afrontar crecientes costos operativos, necesidades de equipamiento, reposición de maquinaria, obras hidráulicas y tareas permanentes de conservación con recursos que muchas veces resultan insuficientes frente a la magnitud de las demandas existentes".

En esa línea, Laurini refiere que "esta situación ha generado en los últimos años conflictos recurrentes en numerosos distritos de la Provincia de Buenos Aires, donde productores, entidades rurales, municipios y distintos actores institucionales han planteado preocupaciones vinculadas al financiamiento de la infraestructura vial rural, la suficiencia de los recursos disponibles y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en la utilización de los fondos afectados a dichos servicios".

La legisladora además sostiene que, "al mismo tiempo, resulta oportuno señalar que una porción significativa de los recursos tributarios generados por la actividad agropecuaria es percibida por el Estado Nacional a través de diversos tributos, algunos de los cuales poseen escasa o nula participación en los mecanismos de distribución automática hacia provincias y municipios".

"Diversos estudios sobre presión tributaria en el sector agropecuario han señalado que la mayor parte de la carga fiscal que soporta la producción corresponde a tributos nacionales. En particular, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) ha estimado que más del noventa por ciento de la carga tributaria que afecta a la actividad corresponde al Estado Nacional, mientras que las provincias y municipios participan en proporciones significativamente menores, evidenciando una marcada concentración de recursos en la órbita nacional", refiere Laurini en su proyecto de Declaración.

E indica que, "en igual sentido, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) ha señalado en sus estudios sobre federalismo fiscal y presión tributaria que la estructura tributaria argentina presenta una elevada concentración de recursos en tributos de origen nacional y que, aun luego de los mecanismos de distribución vigentes, el Estado Nacional continúa concentrando la mayor parte de los recursos tributarios disponibles, circunstancia que invita a reflexionar acerca de los mecanismos de financiamiento de aquellas competencias e infraestructuras cuya gestión corresponde principalmente a provincias y municipios".

Estado y participación

En su proyecto, Inés Laurini puntualiza que "la participación del Estado Nacional en el financiamiento de la infraestructura vial rural reconoce antecedentes históricos de significativa relevancia en nuestro país. En tal sentido, mediante el Decreto-Ley N° 9.875/1956 se estableció un Plan de Caminos de Fomento Agrícola destinado a promover la conectividad de las zonas rurales y el desarrollo de la producción agropecuaria, reconociendo el carácter estratégico de dicha infraestructura para el crecimiento económico y la integración territorial".

"Dicho régimen -refiere la legisladora provincial- se sustentó en la intervención de la Dirección Nacional de Vialidad y en mecanismos de financiamiento nacional específicamente orientados al desarrollo de la infraestructura vial rural, constituyendo uno de los antecedentes más relevantes de participación federal en el sostenimiento de caminos productivos".

En esa línea, también destaca que "la relevancia histórica de estas políticas públicas demuestra que la infraestructura vial rural fue considerada por el Estado Nacional como una herramienta estratégica para la integración territorial, el acceso a servicios esenciales y el desarrollo de las actividades productivas del interior del país".

Lo ejemplifica indicando que, "mediante el Decreto N.º 206/2009 se creó el Fondo Federal Solidario, integrado con el 30% de los recursos efectivamente percibidos por el Estado Nacional en concepto de derechos de exportación aplicados al complejo sojero, con destino al financiamiento de obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en provincias y municipios".

En tal sentido, señala que "dicho mecanismo constituyó una experiencia concreta de distribución federal de recursos de origen nacional hacia las provincias y gobiernos locales, permitiendo financiar obras de infraestructura mediante recursos vinculados a una de las principales actividades productivas de la República Argentina".

"El Fondo Federal Solidario fue derogado en el año 2018 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 756/2018, cesando la transferencia automática de dichos recursos a provincias y municipios", acota Laurini en su proyecto.

Por otra parte, puntualiza que "más recientemente, la Dirección Nacional de Vialidad implementó el Programa Federal de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Social y Productivo, orientado al mejoramiento de caminos rurales productivos, accesos a establecimientos educativos y sanitarios y fortalecimiento de las economías regionales mediante convenios con provincias y municipios".

"Dicho programa contempló mecanismos de financiamiento nacional complementados con financiamiento internacional destinado a mejorar la conectividad rural productiva y fortalecer la integración territorial de las distintas regiones del país, demostrando nuevamente la viabilidad de esquemas federales de inversión en infraestructura rural", destaca asimismo Laurini.

Además, subraya que "la existencia de antecedentes históricos y contemporáneos de financiamiento federal de caminos rurales demuestra que la participación de la Nación en el sostenimiento de infraestructura productiva estratégica forma parte de la tradición institucional argentina y constituye una herramienta compatible con el régimen federal de gobierno, sin menoscabo de las competencias provinciales y municipales sobre las redes viales locales".

La senadora azuleña también considera que "la insuficiencia de recursos destinados a la conservación de la infraestructura vial rural y los debates en torno al financiamiento de dichas tareas han dado lugar, en los últimos años, a reclamos administrativos, pedidos de acceso a la información pública, acciones judiciales y controversias institucionales en diversos municipios de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos Azul, Carlos Casares, Daireaux, Baradero, Necochea, General Alvarado, Hipólito Yrigoyen, General Guido, Chivilcoy, Bolívar, Lincoln, Coronel Dorrego, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, Gonzales Chaves, General La Madrid y Suipacha, evidenciando la necesidad de avanzar en soluciones estructurales que permitan dotar de mayor previsibilidad, sustentabilidad y transparencia al financiamiento de la red vial rural".

En ese marco, explica Laurini, "los antecedentes registrados en distintos distritos bonaerenses muestran que la conflictividad vinculada al mantenimiento de caminos rurales no reconoce diferencias geográficas, productivas ni políticas, alcanzando tanto a municipios del centro, norte, sudeste y sudoeste provincial, circunstancia que permite identificar la existencia de una problemática de carácter estructural que excede las particularidades de cada administración local y amerita la búsqueda de respuestas integrales desde una perspectiva federal y de coordinación entre los distintos niveles de gobierno".

Y, en ese marco, expone que "los conflictos judiciales registrados en distintos municipios bonaerenses han generado pronunciamientos vinculados a la naturaleza jurídica de las tasas, la necesaria existencia de una contraprestación efectiva, la razonable proporcionalidad entre el servicio prestado y el tributo exigido, así como la obligación de transparencia en la administración de los recursos públicos".

"Dichos pronunciamientos -puntualiza Laurini-, al delimitar el alcance de la potestad tributaria municipal en materia de tasas vinculadas al mantenimiento de la red vial rural, ponen de manifiesto las dificultades que enfrentan numerosos gobiernos locales para financiar adecuadamente una infraestructura de importancia estratégica mediante recursos cuya capacidad de expansión se encuentra necesariamente condicionada por los límites establecidos por el ordenamiento jurídico vigente".

Como consecuencia de ello, explica luego la senadora, "la reiteración de conflictos administrativos, institucionales y judiciales en distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires permite advertir que la problemática excede el ámbito estrictamente municipal y requiere la evaluación de mecanismos de financiamiento y coordinación interjurisdiccional que permitan compatibilizar el respeto a los principios tributarios reconocidos por la Justicia con la necesidad de garantizar el adecuado mantenimiento de la infraestructura rural".

Del mismo modo, expresa que "entidades representativas del sector agropecuario han advertido reiteradamente sobre la necesidad de revisar los mecanismos de financiamiento de la infraestructura rural y fortalecer la transparencia en la utilización de los recursos afectados al mantenimiento de caminos rurales".

Desde su óptica, Laurini considera que, "sin perjuicio de las competencias propias de cada nivel de gobierno, corresponde promover una reflexión institucional acerca de la conveniencia de analizar herramientas que permitan fortalecer el financiamiento de la infraestructura productiva rural, garantizando criterios de equidad territorial, sustentabilidad financiera y transparencia administrativa".

Luego explica que "la presente iniciativa no procura definir un mecanismo tributario específico ni alterar las competencias constitucionales vigentes, sino promover el debate sobre la necesidad de construir soluciones estructurales que permitan garantizar la adecuada conservación de la red vial rural, reconociendo su importancia para la producción, la educación, la salud, la integración territorial y el desarrollo económico de nuestro país".

Por todo ello, aclara finalmente Laurini en su proyecto, "resulta necesario abrir una discusión seria y federal respecto de la relación existente entre los recursos que genera la actividad agropecuaria para los distintos niveles del Estado y las inversiones que retornan a los territorios productivos en materia de infraestructura rural, especialmente aquella vinculada al mantenimiento y mejoramiento de la red de caminos rurales".