3 de enero de 2024
Desde el área de prensa del legislativo local se informó que días atrás se llevó a cabo, en el recinto del Concejo Deliberante, una reunión ampliada de autoridades y concejales con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul, Luciano Varela y demás referentes de ese gremio.
Los mismos fueron recibidos por el presidente del Cuerpo, Juan Louge; el Prosecretario Legislativo, Ignacio Furiasse y los concejales Consuelo Burgos, Gisella Hiriart, Natalia Colomé, Gastón Blando, Saúl Lucero, Gisela Arbiza, Jorge Ferrarello, Agustina Bauché, Pilar Álvarez, María Inés Laurini, Nicolás Cartolano y Gabriela Lambusta.
Según se indicó el objetivo de la reunión fue dialogar sobre "el proyecto de Ordenanza que crea nuevas escalas salariales, sus agrupamientos y nomencladores".
En este sentido, Varela explicó que la Ordenanza que rige las escalas salariales de los trabajadores municipales "ha quedo muy desfasada en el tiempo y requiere de un cambio total o una actualización. Y señaló que han tomado contacto con otros municipios que ya han realizado modificaciones al respecto para poder analizar cómo se ha llevado adelante ese proceso y cuáles fueron los resultados".
A su vez estimó que el trabajo de modificación llevará por lo menos un año y que el objetivo "es contar con el acompañamiento del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante".
Por último, se recalcó que los referentes sindicales expresaron que "es necesario crear una nueva Ordenanza que sea motivadora, justa y mejor paga para mejorar la vida de todos los trabajadores y que el municipio brinde un mejor servicio a la comunidad".
Este viernes, cuando fue trasladado a los tribunales de Azul para ser indagado, se negó a declarar por el hecho que le imputan y derivó en que resultara arrestado ayer jueves. Hace dos semanas, la madre del menor que figura como víctima en la causa penal que se instruye lo había denunciado.
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La entidad bancaria se había fundado en 1889 y, para 1927, además de la casa matriz en Azul, poseía sucursales en Capital Federal, las localidades azuleñas de Cacharí y Chillar, y en los distritos de Pringles y Dorrego. En este artículo, los detalles de la malversación cometida contra la entidad, que implicó su liquidación.
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