ENFOQUE . La reforma laboral y la tributaria (que también es laboral)

Escribe:

Dr. Aníbal Roberto Bocchio (*)

Especial para EL TIEMPO

1). La Reforma Tributaria que, en realidad, es Laboral.

Para tratar estos temas, en principio cabe aclarar que lo que el Gobierno denomina "reforma tributaria" es otro proyecto de reforma laboral, ya que afecta a los dos millones doscientos mil trabajadores -hoy monotributistas-; que algunos de ellos resultan ser empleados dependientes, disfrazados de monotributistas ante la imposibilidad del empleador de pagar la carga impositiva que el Estado le impone a los sueldos en blanco que ascienden al 50% el valor de los mismos y deben pagarse el día 15 del mes siguiente al laborado; otros monotributistas son realmente autónomos, pero reciben una ganancia tan baja como los salarios vigentes para los dependientes. En líneas generales, estos argentinos son tan trabajadores como los otros. Esta llamada "reforma tributaria" lo que hace, fundamentalmente, es anular la categoría del monotributo convirtiendo a todos los trabajadores en autónomos, régimen hoy mucho más costoso por las razones que pasamos a exponer: 1) En el régimen de autónomos el trabajador debe pagar el 21% de IVA de cada facturación; 2) Debe pagar ingresos brutos del 3% en adelante según la provincia de radicación; 3) Debe pagar impuesto a las ganancias con alícuotas progresivas hoy hasta el 35%; 4) Los trabajadores monotributistas, a partir de la reforma, quedan sin la cobertura médica que, actualmente, está incluida en el pago mensual; 5) Dichos trabajadores quedarán sin cobertura previsional, es decir, sin jubilación el día de mañana, porque la cuota actual incluye el aporte jubilatorio y por el régimen de autónomos deberá conseguir un régimen previsional independiente privado; y 6) Deberá contratar un contador que pueda registrar cada una de sus operaciones y ya no le costará -como actualmente- entre los 20 o 30 mil pesos, sino que tamaña labor implicará una erogación de $ 100.000 en adelante.

Todo lo expuesto sobre la desmesurada carga impositiva para una categoría tan endeble de trabajadores, hará que los ex monotributistas tengan una retribución mucho menor; tanto que ganarán menos que los empleados. Por ello es que decimos, con total seguridad, que esto no es una reforma tributaria sino una reforma laboral que hace mucho más pobres a los trabajadores que hoy están bajo la cobertura del monotributo.

2). Los acuerdos de trabajo por empresa, en lugar de Convenios Colectivos.

El Gobierno propone que el trabajador deberá acordar sus condiciones de trabajo y sueldo directamente con la empresa, en lugar de ser representado por los gremios o sindicatos, perdiendo así todo poder de negociación, ya que un trabajador aislado -sumido en la pobreza, negociando con empresarios acompañados de contadores y abogados- resulta una desproporción en la capacidad de negociación. El Gobierno equivoca el camino pensando que, al eliminar los sindicatos, soluciona el problema, cuando el mismo no radica en las entidades gremiales sino en la corrupción de quienes las representan hace 40 años, olvidando el interés del trabajador y sólo pensando en sus bolsillos. Para volver a un sindicalismo sano y que represente los reales intereses de los trabajadores (como lo era en la época de Saul Ubaldini, secretario General de la CGT que, al final de sus mandatos, volvió a vivir en el mismo departamento de toda su vida, sin haberse enriquecido), la solución es modificar la Ley de sindicatos o de asociaciones profesionales para que ninguno de los que han integrado las comisiones directivas corruptas durante tantos años puedan volver a postularse. Democratizar y rejuvenecer los sindicatos es el camino correcto para el saneamiento de la negociación colectiva y no la eliminación de las entidades gremiales, cortándole todos sus ingresos que hoy son mal destinados.

3). Fin de la ultraactividad convenial.

Los convenios colectivos que acordaron grandes beneficios para los trabajadores, son muy viejos, a punto tal que la mayoría de ellos data de 1975; pero, según la ley actual, se mantienen vigentes mientras no se acuerde un nuevo convenio entre los empresarios y el gremio del rubro (esto se denomina ultraactividad). La intención del Gobierno -en la reforma laboral- es que estos convenios añejos dejen de proteger a los trabajadores, aunque no sean reemplazados por nuevos acuerdos, cayendo logros como la bonificación por antigüedad, las licencias adicionales, los premios por productividad, los beneficios vacacionales especiales, las jornadas reducidas en tareas insalubres o esforzadas, etc. Todos esos beneficios quedarán derogados y difícilmente un nuevo acuerdo -en las actuales condiciones políticas- puedan sostener los mismos (cuando los popes sindicales como Moyano, Cavalieri o Barrionuevo firman desde hace tiempo el 1% de aumento mensual para los trabajadores que representan -camioneros, empleados de comercio y gastronómicos-, cuando el costo de vida se ha incrementado en este año en un porcentaje superior al 50%, según datos estadísticos que surgen de la evolución del precio de la carne en el Mercado de Liniers, precio del pan según la Cámara de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, el precio de la energía eléctrica establecido por las cooperativas y entes prestatarios, el precio del combustible fijado por las empresas petroleras -que encarece el flete y por ende todas las mercaderías de consumo-, el valor del gas acordado entre las empresas prestatarias y el Gobierno nacional, el costo de las prepagas de salud, de la enseñanza privada, etc. (todo lo que puede ser cotejado con los datos de Google o en IA). Por ello, no es cierto que la inflación ha desaparecido sino solamente en las cifras oficiales, como las que proporcionaba el Secretario de Comercio del gobierno de Kirchner: Guillermo Moreno, hoy condenado penalmente por falsear los datos del INDEC; y el mismo destino le espera al hoy titular del INDEC, Marco Lavagna.

4). Se propone extender la jornada a 12 horas y no pagarlas, sino compensarlas con licencias. Las vacaciones, fragmentadas.

Esta modificación atenta contra la salud del trabajador, dado que los estudios médicos más avanzados demuestran que después de las 6 horas el trabajador no rinde y perjudica seriamente su sanidad. También lo perjudica económicamente, ya que dejarán de pagarle horas extras que necesita para llegar a fin de mes, y se lo compensarán con licencias y holgazanería que no le pagan el supermercado... Las vacaciones son para reponer fuerzas, energías y vitalidad, por lo que otorgarlas de a 2, 3 o 5 días no sirve sino sólo a los intereses del empresario. Esta modificación es altamente inconstitucional (el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional exige "una jornada limitada de trabajo") y dará lugar a mil pleitos.

5). Se propone que sólo habrá aumentos salariales si la empresa produce más... ("salarios dinámicos").

Atar la remuneración del trabajador al éxito o fracaso del empresario es olvidar que la prestación del trabajador es la misma y que no puede depender de la suerte de su patronal. Simplemente, es disparatado y contrario a lo sostenido por todo el Derecho del Trabajo desde hace 100 años. Resulta discriminatorio que dos trabajadores presten las mismas tareas y ganen básicos diferentes por pertenecer a distintas empresas. Sólo puede atarse a la bonanza de la empresa las bonificaciones adicionales, pero no el salario básico. Esta modificación también es altamente inconstitucional y dará lugar a decenas de juicios.

6). Pago de juicios laborales: máximo 10 sueldos y en 12 cuotas.

¡Es el reino del revés y la arbitrariedad! Porque el empresario que fue condenado en un juicio laboral, es porque no tenía razón y poque despidió sin causa ni fundamento y así lo decidió la Justicia (poder independiente, según la Constitución Nacional...), por lo que premiar a este incumplidor condenado por la Justicia a pagar no mas de 10 sueldos y en 12 cuotas, permitirá que quienes tengan empleados de 20 o 30 años los despidan mañana, total pagan sólo 10 años y ¡¡¡en 12 cuotas...!!! Aquí se viola abiertamente el derecho de propiedad y obviamente, de aprobarse, los trabajadores recurrirán a la Justicia, que respaldará en todos los casos un derecho que consta en nuestra Constitución Nacional.

7). Pagos con ticket canasta que no se consideran parte de la remuneración.

Ya la Corte Suprema los consideró inconstitucionales en el juicio "Pérez con Disco" (01/09/2009), porque perjudican al trabajador al no incluirse estos montos en la jubilación, ni en el aguinaldo, ni en la indemnización si es despedido sin causa. Ello en línea con lo sostenido por la OIT en el convenio 98, aprobado por la Legislatura argentina y que hoy forma parte de nuestra Constitución Nacional.

8). El intento de que los sindicalistas corruptos avalen el despido sin indemnización y reemplazarlo por un Fondo de Ahorro.

El Gobierno pretende que esta decisión no sea de la política, sino que la avalen en convenios colectivos los sindicalistas corruptos de este país (casi todos) que tienen mas de 10 causas penales cada uno por enriquecimiento ilícito, por malversación y otros delitos económicos, y por ende están presionados por la política que no los limita, ni apura sus causas penales, sino que pretende que devuelvan en favores su libertad, vendiendo una vez más a los trabajadores que representan. La idea es reemplazar la indemnización por despido, por un fondo privado de inversión que aportarían los empresarios mensualmente (entre 8 y 10 % del sueldo), que el empleado recupera el día que queda sin trabajo.

El principal problema que este método presenta es que, en un país con alta inflación, el día que se despide al trabajador el monto ahorrado no le alcanza para comprar ni los alimentos de un mes para su familia... El segundo problema es que el fondo de inversión que administra los ahorros del trabajador quiebre y no le den un centavo al perder su empleo. El tercer problema es que, con este sistema, se da rienda suelta al despido arbitrario "porque no me gusta tu cara", o "me desagrada tu vestimenta"; o al género femenino, "porque no son lo suficientemente cariñosas con el jefe de turno", total la indemnización ya está paga... Este es el resultado del despido gratuito.

Este sistema tiene mejor resultado en los países con pleno empleo, donde, ante el despido, el trabajador consigue otro trabajo rápidamente; pero en Argentina hay que subsistir meses o años para conseguir un nuevo empleo, sobre todo si el trabajador tiene más de 50 años de edad.

9). El mito (invento) de la "industria del juicio".

Gran cantidad de argentinos, y sobre todo los políticos de cualquier partido, endilgan fácilmente a los abogados laboralistas el destino incierto de las pequeñas empresas. Las estadísticas no les dan la razón: se estima en alrededor de 10 millones los trabajadores existentes (incluyendo registrados y no registrados) en 2025 en Argentina; y, al observar las estadísticas judiciales, se advierte que la cantidad de sentencias representa apenas el 0,5% anual de dicha fuerza laboral.

¿Como puede explicarse que "se invente" un juicio? Los abogados, por más "malos" que fueran, no podrían convencer a alguien que cobra lo que es justo en tiempo y forma, de hacer reclamos, que no resuelven los propios abogados, sino jueces imparciales (que, según esta teoría insólita de los políticos de turno, también formarían parte del "curro" contra el empresariado argentino). Un dislate total.

Atribuir la pérdida de empleo o la caída de la inversión a la existencia de derechos laborales o al accionar de los/as abogados/as especialistas en Derecho del Trabajo no sólo es erróneo, sino profundamente regresivo. La destrucción de puestos de trabajo en los últimos meses responde, como han reconocido entidades empresarias como la Unión Industrial Argentina (UIA), a la abrupta caída del nivel de actividad.

En 21 meses de gestión se cerraron 20.000 empresas y se perdieron 276.000 puestos de trabajo privado. En la administración pública hubo 896.982 despidos; en construcción, con la paralización de la obra pública, hubo 76.292 despidos; en transportes, 59.838 despidos; y en la industria manufacturera, 55.941.

La política económica errónea fundada en cortar la circulación monetaria para que no haya dinero circulando hace que nadie tenga poder adquisitivo, nadie compre, nadie contrate servicios, nadie venda y, por ende, nadie contrate nuevos empleados. La culpa no la tiene ni la indemnización por despido, ni "la Industria del juicio", sino una economía sin rumbo y fundada en la mentira: "Hemos vencido la inflación y hemos bajado la pobreza"... cuando la calle dice otra cosa...

(*) Abogado Laboralista matriculado hace 51 años.