27 de marzo de 2024

INVESTIGAN A UNA PAREJA

INVESTIGAN A UNA PAREJA . Policías hicieron en Olavarría un allanamiento por juego online clandestino

Una causa penal por juego clandestino bajo la modalidad online que se instruye desde una fiscalía con asiento en el Palacio de Justicia de Azul derivó ayer martes en que efectivos policiales allanaran en Olavarría la casa donde actualmente se domicilia la pareja investigada, informaron a EL TIEMPO voceros de seguridad.

Durante la realización de la diligencia, efectivos de la DDI Azul incautaron los teléfonos celulares del varón y la mujer que están sospechados de dedicarse a esa actividad ilícita.

Según ha podido determinarse, ambos no cuentan con autorización legal alguna para desarrollar y ofrecer de manera virtual juegos de azar a cambio de dinero.

De acuerdo con lo informado a EL TIEMPO, un inmueble situado sobre la calle Azopardo de Olavarría se convirtió en escenario de este allanamiento.

A través de esa diligencia, la pareja que se domicilia en esa casa y que hasta tiempo atrás residía en Azul fue notificada de la formación de la causa penal donde figura investigada.

A través de la UFI 6 que está a cargo de la fiscal Karina Gennuso había sido solicitado el allanamiento que ordenó, desde el Juzgado de Garantías 1, el magistrado Federico Barberena.

Durante el procedimiento desarrollado ayer martes por los efectivos de la DDI Azul en la vecina ciudad se ordenaba secuestrar "teléfonos celulares, anotaciones varias", documentación vinculada con esta investigación en curso y "cualquier elemento de interés que surja para el esclarecimiento" de esa pesquisa.

Lo investigado

Los orígenes de esta causa penal se remontan a averiguaciones realizadas desde la DDI Azul meses atrás, donde a través de "ciberpatrullas" en la red social Facebook había podido advertirse que la mujer sospechada "ofertaba juego virtual a través de distintas plataformas".

Aquel primer elemento sirvió para identificar a la joven que está siendo investigada junto con su pareja, determinándose -una vez iniciada la pesquisa en diciembre pasado- que ambos residían en esta ciudad y que tiempo después se mudaron a Olavarría, a la casa que este martes que pasó fuera allanada por los efectivos de la DDI Azul.

Más datos aportados a esta causa sirvieron para establecer que la mujer poseía una cuenta bancaria donde se registraban movimientos de dinero que al parecer avalan esa hipótesis de que desarrolla la actividad ilícita junto con su pareja.

Además de Facebook, por medio de Instagram los investigadores constataron la existencia de publicaciones donde los sospechados promocionaban y ofrecían plataformas de juegos virtuales.

En ese contexto, la joven investigada aparecía también como cajera online, "gestionando cobros y pagos a través de las billeteras virtuales" a quienes participaban de esos juegos.

Un elemento más que serviría para determinar que el varón y la mujer realizaban una actividad ilegal se relaciona con que no figuran como titulares ni están habilitados desde el Instituto Provincial de

Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires para desarrollar esos juegos de azar por los que están siendo investigados.

Al respecto, desde ese organismo estatal se había informado que las plataformas virtuales por medio de las que ambos, al parecer, desarrollaban esas actividades de azar "no se encuentran autorizadas para comercializar juego online bajo ningún tipo de modalidad".

En las actuaciones penales los sospechados fueron identificados como Daiana Belén Conde, de 28 años de edad, y Brian Nicolás Alsúa (30).

Luego de que sus teléfonos celulares fueron secuestrados en el allanamiento realizado ayer martes en Olavarría, está previsto que en los próximos días esos móviles sean analizados para conocer sus contenidos, teniendo en cuenta que a través de los mismos desarrollaban los juegos online no autorizados, refirió un vocero policial ligado a esta pesquisa.

El delito por el que ambos están siendo investigados es una probable infracción al artículo 301 bis del Código Penal, que reprime con penas de prisión de tres a seis años al que "explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente".

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