16 de diciembre de 2024
Fue el balance de ATE, en boca de su titular Rodolfo Aguiar y en base a un 10% de los tests. Ahora piden que hagan planta permanente a los trabajadores.
El gremio de estatales ATE aseguró que hasta el momento, el 96% de los empleados públicos evaluados aprobaron el examen de idoneidad impulsado por el Gobierno de Javier Milei y ante eso, ahora exigen que los pasen a planta permanente.
ATE, uno de los que desde que se conoció la noticia se opuso a las evaluaciones que hace la gestión libertaria para los contratados del Estado y como paso para futuros ingresos, dio a conocer los resultados de la primera semana.
Según informó su titular, Rodolfo Aguiar el 96,3% de los exámenes del Sistema de Evaluación Pública (SEP) ya fueron aprobados. Además, especificó que en el caso del escalafón de servicios generales, "el porcentaje de aprobados es más elevado y llega al 98%".
"Al Gobierno le salió el tiro por la culata", sostuvo Aguiar, el mismo que consideró ilegal el mecanismo de evaluación y como un intento para justificar la motosierra de la que habla Milei en el ajuste al organigrama de los ministerios, organismos y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional.
En este marco, el dirigente sindical sostuvo que los exámenes "están siendo aprobados por los agentes y según el propio Ejecutivo, se está demostrando su idoneidad". "Por lo tanto, debe ponerse a los trabajadores en ejercicio del derecho constitucional de estabilidad y tienen que ser incorporados en la planta permanente del Estado", consideró, en tanto pidió que para aquellos trabajadores que prestan tareas bajo el formato de contratos se deben renovar de manera automática y por un plazo mínimo de un año.
Según los datos del sindicato de estatales, 4.156 agentes rindieron sus exámenes en la primera semana en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), lo que representaría "poco más del 10% del universo que el Gobierno pretende evaluar". De ese total, 4.002 fueron aprobados.
Se estima que para esta nueva semana serán más de 5.000 los exámenes tomados y el Gobierno abrirá una nueva tanda de inscripciones debido a la alta cantidad de trabajadores que ya se anotaron para rendir entre diciembre y enero (más de 30.000 hasta el momento).
"Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre del 2023. Fracasaron en este intento ilegal de seguir estigmatizando y desprestigiando el empleo público", destacó Aguiar, que viene reclamando por la renovación de unos 50 mil contratos que vencen a fin de año.
En este marco, el secretario general de ATE pidió que sea evaluado todo el Gabinete de Javier Milei. "Tenemos que establecer un mecanismo que nos permita tomarle exámenes y dejar en evidencia por su incapacidad de gestión desde los directores hasta los secretarios, subsecretarios y ministros, todos aquellos cargos que no sean electivos", planteó.
Aguiar insistió con la condición de "ilegalidad" del sistema de evaluación. "Aún así tenemos que destacar el compromiso de nuestro sindicato ya que desde el primer instante los dirigentes y los delegados decidieron estar junto a los trabajadores y acompañar este proceso con cursos de formación y clases de estudio, de apoyo y de repaso", cerró. (DIB)
El Observatorio de Seguridad Vial elaboró un nuevo informe, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza vigente desde el año 2024. Con datos proporcionados por la Estación Policial Departamental de Seguridad Azul y el Servicio de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se relevan distintos aspectos: tipo de movilidad, días preponderantes de colisiones viales, franjas etarias protagonistas, atención hospitalaria y zonas de mayor frecuencia de accidentes, entre otros.
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Así se destacó en la Resolución aprobada por el Concejo Deliberante de Azul, en el marco del 44° aniversario del conflicto bélico. También se indicó que "el recuerdo de la Guerra de Malvinas trasciende el plano histórico para constituirse en un símbolo de identidad nacional, memoria colectiva y reafirmación de la soberanía". Además, se propuso adherir a una ley nacional que establece la capacitación permanente de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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