24 de enero de 2024
Por la mañana el gobierno dio marcha atrás con la eliminación de los descuentos en la tarifa de gas que alcanzan a más de 90 distritos bonaerenses, entre los que se encuentra Azul. Pero cerca de las 16 horas, apareció un dictamen distinto donde se insiste en la derogación de la normativa. "Es una irregularidad total. Una falta de respeto a la ciudadanía, que genera angustia y desazón", expresó el ex diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez, quien además es coautor de la ley.
Crónica de una jornada marcada por las idas y vueltas.
- A la 2:00 de la madrugada de este miércoles, el presidente de la Comisión de Legislación General, diputado Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, comunicó por escrito: "Misión Cumplida. Tenemos Dictamen de Mayoría para la Ley Bases. Ahora estamos listos para tratarla en el recinto de la Cámara de Diputados".
- A las 10:15 horas se difundió el texto de un dictamen de mayoría que no contenía la derogación de la Ampliación de Zonas Frías para usuarios residenciales de gas.
- A las 16:00 horas se difundió un nuevo dictamen donde se volvió a incluir la derogación de zonas frías.
"Tal es la desorientación y la falta de coherencia, que acaban de cancelar la sesión prevista para mañana jueves. Se haría la semana que viene y no tiene fecha fija aún", informó el Director del Instituto Consenso Federal y ex diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez.
El tandilense, uno de los coautores de la Ley de Ampliación de Zonas Frías, manifestó que "es una irregularidad total. Una falta de respeto a la ciudadanía, que genera angustia y desazón".
"Es evidente que anunciaron que tenían un dictamen aprobado y lo hicieron firmar en blanco, pero 14 horas después le siguen haciendo cambios", expresó Rodríguez.
Finalmente, el ex legislador nacional subrayó que "lo que queda ahora es que los diputados y senadores rechacen la derogación. Es una irregularidad total".
El juez Gabriel Di Giulio dictó el procesamiento sin prisión preventiva del directivo de la firma Absolon S.A. por el volcado de efluentes industriales al cauce hídrico. La investigación, impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, determinó que la actividad contaminante se extendió por al menos dos años y afectó tanto la salud como el ecosistema regional. Se trabó un embargo por 20 millones de pesos.
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