27 de noviembre de 2025
La investigación se inició el mes pasado en Olavarría cuando la banda dejó a más de 250 usuarios sin servicio telefónico. Utilizaban camionetas con malacates y sistemas de poleas para extraer cientos de metros de cables en minutos. Son cuatro las personas que quedaron imputadas por robo en poblado y en banda e interrupción de comunicaciones. En uno de los allanamientos, se descubrió un terreno con casi 90 plantas de marihuana y casi 4 kilos de cogollos que abrió un nuevo legajo de investigación contra una pareja por tenencia de estupefacientes.
Una organización criminal itinerante que se dedicaba al robo planificado y sistemático de cableado telefónico en la ciudad bonaerense de Olavarría, fue desbaratada el martes pasado tras un operativo en el que fueron detenidos cuatro hombres que, tras la audiencia de formalización, quedaron imputados por robo en poblado y en banda con escalamiento e interrupción de las comunicaciones, delito federal este último que motivó que la investigación fuera dirigida por la Sede Fiscal Descentralizada Azul.
Los imputados son dos argentinos y dos uruguayos, de entre 37 y 57 años, que tienen domicilios en diferentes localidades del Gran Buenos Aires.
A su vez, en el marco de uno de los allanamientos, se descubrió también un invernadero clandestino con 89 plantas de marihuana, frascos de almacenamiento y cuatro kilos de sumidad florida, lo que derivó en la apertura de nuevas actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de persecución del narcotráfico, contra otros dos imputados: una pareja que habitaba ese lugar.
Investigación y allanamientos
La investigación, dirigida por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada Azul, el fiscal federal Santiago Eyherabide, junto con el auxiliar fiscal Lucas Moyano, se inició el 9 de octubre pasado con una denuncia realizada por la empresa de telefonía damnificada, cuyo cableado sustraído provocó la interrupción de las comunicaciones, afectando a más de 250 usuarios.
La fiscalía instruyó a personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Olavarría, de la Policía Federal (PFA) a realizar las tareas investigativas que permitieron identificar a los miembros de la organización y a descubrir su modus operandi.
Desde la Sede Fiscal de Azul explicaron que la banda actuaba con una logística altamente desarrollada y un alto nivel de preparación técnica, ya que se desplazaba de ciudad en ciudad para cometer golpes rápidos y silenciosos. Según se pudo constatar, utilizaban vehículos modificados con malacates, sistemas de poleas, motores auxiliares y herramientas de precisión, dispositivos que permiten extraer en minutos tramos enteros de cientos de metros de cable desde bocas de acceso subterráneas, lo que afecta gravemente las comunicaciones de cientos de usuarios.
La pesquisa permitió identificar patrones de movimiento, horarios y roles dentro del grupo. Cada integrante cumplía una función específica: conductores, operadores de maquinaria, encargados de vigilancia y responsables del acopio del material sustraído. Según la fiscalía, la estructura y el reparto de tareas evidenciaron un profundo grado de profesionalismo que diferencian a esta banda de otras dedicadas al delito común.
Los allanamientos, solicitados por la fiscalía y autorizados por el juez federal de Garantías de Azul, Gabriel Di Giulio, fueron realizados el 18 de noviembre último, e incluyeron una vivienda de alquiler temporal utilizada por la organización como base operativa y un galpón donde acopiaba el material robado. En este último sitio, se incautaron herramientas y restos de cables quemados.
Asimismo, en el marco de la investigación, se secuestraron tres camionetas del tipo utilitaria preparadas con los malacates, poleas y motores para extraer el cableado. En total, cuatro fueron los imputados que, en principio, quedaron detenidos a disposición de la justicia federal.
Audiencia de formalización
La audiencia de formalización de la investigación penal se realizó el jueves pasado ante el juez de Garantías. En ella, el fiscal Eyherabide y el auxiliar fiscal Moyano imputaron a los cuatro acusados por los delitos de robo en poblado y en banda con escalamiento e interrupción de las comunicaciones.
A pedido del fiscal Eyherabide, el magistrado dispuso la prisión preventiva de los cuatro acusados y la inhibición de sus bienes. Sin embargo, ante la apelación de la defensa, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvieron revocar esa medida de coerción, aunque dispusieron que no podían alejarse del ámbito territorial del juzgado.
Nuevo caso: un invernadero con 89 plantas y cuatro kilos de cogollos de marihuana
En el marco de los operativos desarrollados por el robo de cables, dentro del predio allanado se encontraron casi 4 kilos de cogollos de marihuana, divisados en diferentes recipientes de telgopor, cartón y plástico, en una vivienda contigua donde habitaba una pareja.
Sobre el terreno del fondo, se encontraron también un total de 89 plantas o plantines de marihuana. Algunas de ellas estaban en macetas improvisadas con ladrillos y otras directamente en la tierra dentro de una estructura de hierro de un gran tamaño al estilo de invernadero. Además, se secuestraron, en el patio de la casa, un total de 36 frascos de vidrio que se presumen utilizaban como recipientes para vender la sustancia.
Las plantas de marihuana halladas en uno de los allanamientos, por las que una pareja fue imputada en otro legajo fiscal. Foto: Policía Federal
Ante el hallazgo de los elementos mencionados y en función de lo dispuesto en el artículo 216 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), se procedió a la aprehensión del hombre y se puso en conocimiento al juez de Garantías de Azul. En relación a la mujer, no se adoptó medida restrictiva de la libertad dado que se encontraba con sus tres hijos menores de edad.
Por este nuevo caso -desligado de la investigación por el robo de cables-, la auxiliar fiscal María José Buglione requirió, en otra audiencia realizada el 20 de noviembre, la convalidación de la aprehensión y la formalización de la investigación, para la cual requirió se otorgue un plazo de 120 días corridos, lo que fue convalidado por el juez Di Giulio.
En función de lo solicitado por la Defensa Pública Oficial, el magistrado otorgó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico para el hombre y no dispuso ninguna medida de coerción en relación a la mujer.
En relación a las demás solicitudes de la auxiliar fiscal, hizo lugar al embargo por el monto de un millón de pesos, levantó el secreto bancario, financiero y fiscal, y autorizó la apertura de los teléfonos.
FUENTE: www.fiscales.gob.ar
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