Por Nahuel Mirande (PO Tendencia)

El cuadro de situación que está atravesando en estos momentos el interior de la provincia pone en vilo a la ciudadanía. En un par de semanas la curva de contagios ha crecido en forma estrepitosa, el virus se expande, los contagios y el agotamiento del personal de salud son manifiestos. La escasez de camas y respiradores encienden las alarmas en la comunidad hospitalaria, algunos médicos presentan hipótesis atemorizantes, mientras que los que se encuentran en las trincheras vociferan sus vivencias a grito partido en modo de denuncia.

Por su parte, los ejecutivos municipales pregonan como política un sálvese quien pueda, mientras forcejean con la provincia rescates que sirvan como salvavidas político ante el derrumbe económico y social, colocando a la población como rehén de sus pujas. El horizonte electoral anhelado por los intendentes tiene por delante un camino sinuoso, optando en algunos casos por la ruptura de los acuerdos de cuarentena planteados por el Gobernador -véase Tandil-. El escenario al interior de la provincia muestra un cuadro acentuado de disgregación estatal, por un lado, y de las coaliciones dentro de gobiernos por el otro.

El progresivo levantamiento de la cuarentena subordinado a los intereses del capital ha sido un común acuerdo político entre los más variados colores de las coaliciones gobernantes. Lo que está claro es que en una pandemia quien arbitra en desmedro de la sanidad deberá pagar sus costos, no sin antes intentar eludirlos.

En Azul ha estallado la polémica semanal. El miércoles 23/9, un grupo de jóvenes que se encuentra atravesando el último año de la secundaria se reunió en el parque. Sin lugar a dudas la actitud de este grupo de "La Promo" -1/3 del total- presentó tintes temerarios en una ciudad con 1500 afectados por el COVID -positivos y aislados-, y crecientes fallecimientos. Posiblemente "la juntada" tenga consecuencias sanitarias. Esta actitud intransigente despertó el enojo de distintos sectores de la sociedad, que descargaron su furia sobre los jóvenes. Las fuerzas de seguridad se hicieron presentes, pero su autoridad fue menos preciada. Según declaraciones, los estudiantes acusaban a la bonaerense de haber expuesto de mayores peligros a la sociedad con su asonada.

Pero la peligrosidad política de la cuestión reside en el desentendimiento del estado sobre la administración de la cuarentena. Ante los efectos de la pandemia las autoridades repiten en forma monolítica "esto está en manos de la responsabilidad individual". Detrás se esconde la dirección política, estéril a la hora de salvaguardar la salud y la vida, y a sabiendas de ello intenta volcar culpas en distintos sectores de la sociedad. Lo que se busca es fogonear las eufóricas desavenencias sociales, en una intentona de fortalecimiento de las conducciones políticas en franco derrumbe por la crisis del mismo régimen que las ampara.

Es decir, el gobierno municipal apela a la dicotomía -acción-reacción. No ha querido contener a un grupo de pibes, llevando a estos a una acción desafortunada, y se ha encolumnado cobardemente en la reacción social para preservarse. Con modestas vallas y un plan logístico los festejos de primavera hubieran sido persuadidos sin mayores inconvenientes ni esfuerzos.

La gestión Bertellys-Vieyra ha montado un discurso acuciante inculpando a la sociedad de los efectos del COVID. El chivo expiatorio predilecto de las autoridades comunales reposa en los trabajadores y en la juventud. De esta manera el estado hace caso omiso a los contagios en los grandes lugares de trabajo, o en establecimientos públicos, exonerando de culpas al estado y al capital, que no han dejado de vulnerar normas y protocolos de seguridad e higiene. Incluso en ocasiones obligando a los trabajadores a presentarse a trabajar con síntomas, amenaza de despido de por medio.

No hemos visto un solo informe acerca de la cantidad de contagios en lugares de trabajo, o de qué manera se han cumplido los protocolos en los frigoríficos, por ejemplo. Por el contrario, el ejecutivo oculta la proveniencia de los contagios solapando su responsabilidad en los mismos. Son seis meses en los que ha reinado el ocultamiento informativo, la administración oportunista de la información y la coerción sobre aquellos que desesperadamente intentan dar claridad sobre lo que se vive.

Los gobiernos buscan preservarse a duras penas soltando la mochila en una sociedad conmovida por los efectos de la pandemia. Algunos analistas han hecho mención que ante la inacción del estado la sociedad ha comenzado a llevar adelante una suerte de gestión propia. Mientras algunos sectores se organizan por los medios más elementales de subsistencia -toma de tierras, ollas populares, lucha por el trabajo-, otros dan por finalizada la cuarentena. El derrumbe de los estados es un fenómeno mundial, y que por su naturaleza han optado por el estricto cuidado del capital por sobre la vida humana.

El episodio del miércoles pasado no deja de ser un capítulo de los casi 200 que se han sucedido en cuarentena. La ciudad colapsa, la responsabilidad es del estado y sus conducciones políticas, que el árbol no nos tape el bosque.

La rentabilidad empresarial no puede estar sobre la salud y la vida. Es necesaria la organización de los trabajadores por el cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo. Es indispensable que el estado ponga a disposición todos los recursos sanitarios de la ciudad incluso los privados, no se puede permitir ni una nueva muerte domiciliaria. Urgente incorporación de personal de salud, insumos y respiradores. Recomposición salarial y aumento extraordinario a los trabajadores que se encuentran batallando contra el COVID, pase a planta de los precarizados, distribución de las horas de trabajo con la apertura de nuevos turnos.

Los precarizados y desocupados no pueden transitar la enfermedad sin el sustento material, el estado debe hacerse responsable.

Bertelllys-Vieyra el colapso es suyo.