LO RESOLVIÓ LA CORTE SUPREMA

LO RESOLVIÓ LA CORTE SUPREMA

Tiroteo entre policías: la justicia federal, en Azul, llevará adelante la investigación penal

De la mano de un dictamen firmado por el Procurador de la Nación en diciembre pasado, la CSJ resolvió recientemente que es competencia de la justicia federal instruir la causa relacionada con este hecho, que el 11 de julio del año anterior se produjo en una estación de servicios que está en la Ruta 3. Aquel enfrentamiento armado lo protagonizaron tres agentes de la Federal y uno de la Bonaerense, dos de los cuales habían resultado con lesiones de consideración.

12 de noviembre de 2020

Un año y dos meses después a que un policía de la Bonaerense y tres de la Federal se tirotearan en una estación de servicios ubicada en las afueras de Azul, la Corte Suprema resolvió que es competencia de la justicia de la nación intervenir en las actuaciones penales que por aquel hecho se habían iniciado.

Después de lo que la Corte dispusiera en septiembre pasado, teniendo en cuenta un dictamen que en ese mismo sentido firmara el Procurador General de la Nación Eduardo Casal en diciembre de 2019, desde la semana anterior el expediente judicial que por lo sucedido se había iniciado en una Fiscalía perteneciente a la justicia provincial fue remitido a uno de los juzgados federales con asiento en Azul.

Esas actuaciones se anexarán a las que, en forma paralela, se llevaban adelante en la justicia federal local no bien aquel hecho se registrara en las primeras horas de la mañana del 11 de julio del año pasado.

El enfrentamiento armado tuvo como escenario el playón de la estación de servicios ubicada a la altura del kilómetro 299 de la Ruta Nacional número 3.

Las tramitaciones de ambos sumarios penales, tanto el que llevaba adelante el fiscal provincial José Ignacio Calonje desde la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales (UFIE) como el que se sustanciaba a través del Juzgado Federal en lo Criminal también con asiento en Azul, habían quedado paradas no bien se planteó esta cuestión de competencia, la situación que el 24 de septiembre pasado terminó siendo zanjada desde la Corte Suprema.

Aquel conflicto se había suscitado cuando el abogado que patrocina a uno de los policías de la Federal involucrados en lo ocurrido presentó un pedido ante la justicia provincial para que desde esa jurisdicción se declinara la competencia en la causa que se instruía en la UFIE.

En un principio, el juez de Garantías Federico Barberena -quien de manera subrogante intervino en estas actuaciones penales desde el Juzgado de Garantías 1 con asiento en los tribunales de Azul- rechazó lo pretendido por el representante legal de uno de los agentes involucrados en aquel tiroteo.

Al pronunciarse el magistrado a cargo de Garantías 2 con relación a la competencia en lo sucedido, en ese entonces sostuvo que le correspondía a la justicia ordinaria continuar llevando adelante estas actuaciones penales. Y teniendo en cuenta las causas que de manera paralela se instruían desde la justicia federal y en la UFIE, el Juez de Garantías había dispuesto también que ambas investigaciones penales relacionadas con este enfrentamiento armado se unificaran y quedaran en la Fiscalía a cargo de José Ignacio Calonje.

Pero aquella resolución después fue recurrida por el mismo abogado que sostenía que era competencia de la justicia federal intervenir en el tiroteo entre los policías, llegándose así hasta esa instancia donde fue necesaria la intervención de la Corte Suprema para que -el ya referido 24 de septiembre pasado y con las firmas de dos de sus miembros, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti- definiera que era en el ámbito de la justicia federal donde esta investigación penal debía continuar desarrollándose.

Un dictamen

Lo resuelto desde la CSJ estuvo enmarcado en lo que hace once meses sostuviera el Procurador de la Nación. En aquel dictamen que firmara el 2 de diciembre del año pasado Eduardo Casal, textualmente refería en uno de sus párrafos: "Más allá de las confusas circunstancias que habrían dado origen al enfrentamiento armado, advierto que no se encuentra en discusión entre los magistrados intervinientes en el conflicto que los efectivos se encontraban en el lugar realizando tareas investigativas ordenadas por el juzgado federal".

Aquella situación, el ya referido 11 de julio de 2019, se había suscitado en el marco de pesquisas enmarcadas en una causa por una infracción a la llamada Ley de Estupefacientes.

A través de esa investigación, los tres policías de la Federal y el de la Bonaerense que protagonizaron el tiroteo en el playón de la estación de servicios buscaban a un sujeto domiciliado en Olavarría que estaba sospechado de formar parte de una "organización dedicada al narcotráfico". Un hombre sobre quien -escribió el procurador Casal en el dictamen que después avalara la Corte para definir la competencia en lo sucedido- "se había decretado su captura con el correspondiente libramiento de órdenes de detención a cada delegación policial".

"De tal manera considero que, sin perjuicio de la relevancia penal que pueda asignarse a los hechos, los miembros de ambas fuerzas habrían actuado en calidad de auxiliares de la justicia federal, por lo que corresponde a esta jurisdicción proseguir la investigación de la presente causa, ante lo cual la justicia provincial deberá poner a su disposición los efectos probatorios que hubiese reunido hasta el momento", señaló también el Procurador de la Nación.

Teniendo en cuenta lo resuelto, desde la UFIE a cargo del fiscal Calonje la semana pasada se remitieron las actuaciones que se llevaban adelante por el tiroteo al ámbito de la justicia federal con asiento en Azul.

El dato

El tiroteo entre los policías de la Federal y el de la Bonaerense había quedado registrado a través de filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en la estación de servicios convertida en escenario de aquel enfrentamiento armado, el hecho que se produjo en horas de la mañana del 11 de julio del año pasado.

El enfrentamiento armado

Los policías involucrados en aquel enfrentamiento armado habían sido identificados como Diego Coronel -un capitán de la Bonaerense perteneciente a la DDI Azul-, Matías Iván Quiroga, Mauricio Marcolongo y Sergio Raúl Ferreyra. Estos tres últimos, numerarios de la Delegación local de la Policía Federal Argentina.

Los cuatro efectivos de seguridad estaban vestidos de civil aquel día en que se tirotearon en el playón de estacionamiento de la YPF que está en el kilómetro 299 de la Ruta 3.

Mientras que Coronel había llegado en su automóvil particular hasta ese lugar, los agentes de la Federal lo hicieron en un Ford Focus.

Todos ellos contaban con el dato de que ese hombre al que estaban buscando podría estar en la estación de servicios; aunque finalmente ni unos ni otro lo hallaron aquella mañana.

Coronel había pedido apoyo al Destacamento de Seguridad Vial Azul, por lo que un móvil de esa dependencia en el que se desplazaban tres agentes llegó hasta la YPF instantes después a que lo hiciera en su auto particular el efectivo de la DDI local.

Esos policías se convirtieron en testigos del intercambio de disparos que se produjo entre el agente de la Bonaerense y los de la Federal.

Aquel enfrentamiento armado se tradujo en que Coronel resultara con las lesiones más graves, llegando a permanecer internado varios meses y estando aún sin haberse reintegrado a la fuerza. Y también resultó herido en sus extremidades inferiores Ferreyra. En su caso, por los disparos que el Capitán de la Bonaerense le efectuara cuando ya estaba tirado en el piso a causa de los balazos que instantes antes había recibido.

Además, otro de los agentes de la Federal que aquella mañana se trasladaba en el Focus había sufrido algunas excoriaciones menores durante lo que fue ese enfrentamiento armado entre los integrantes de ambas fuerzas de seguridad.

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