La llegada de una renovada edición del Programa de Crédito Argentino (PROCREAR), con características similares y/o superadoras a las primeras ediciones, ha despertado del interés de la comunidad. El efecto multiplicador de políticas públicas como la vivienda, y la positiva experiencia previa que comenzó a fines de 2013 con más de 200 mil créditos en las variantes compra de lote y construcción, refacción o bien construcción genera expectativas diversas. Por un lado en la población que busca acceder a su hogar, pasando por una mayor demanda de rubros comerciales y gremios constructores afines, colegios profesionales, martilleros y sin duda el Estado municipal, que a través de una política del gobierno central avanza en acciones tendientes a la baja del déficit habitacional, muy alto por cierto en Argentina y que alcanza a uno de cada tres hogares. Que este tipo de políticas se encuentren en la agenda institucional de la post-pandemia es un dato alentador.

Esto no quita que es necesario remarcar en estas líneas que aún se necesita ir un poco más al fondo de la cuestión habitacional y buscar soluciones para sectores de bajos recursos que hoy no son sujetos de crédito, a partir de encontrarse en el alto porcentaje de pobreza e indigencia que tenemos. Tampoco debemos olvidar a los actores sociales que por estar en condiciones laborales de informalidad no pueden llegar a estos programas.

Lamentablemente en la cíclica agenda sistémica del Partido de Azul aún existe un inmenso debe, que cumple 40 años de vida, y es la muy antigua Ordenanza N° 500/1980, de Zonificación y Uso del Suelo, promulgada en tiempos de un gobierno de facto, con una ciudad completamente diferente a la de estos días de demandas sociales más que lejanas a las de 1980.

La ciudad cabecera y las tres localidades necesitan de manera inmediata poder legislar sobre la zonificación de su ejido urbano y periurbano, redefiniendo zonas residenciales, comerciales, industriales, protegidas y un sin número de conceptos propios del urbanismo. Una nueva ordenanza para la Comuna del siglo XXI, en correspondencia con la Ley de hábitat, y a la altura de los nuevos créditos hipotecarios, generando mayor cantidad de suelo urbano con servicios y dando a la infraestructura municipal reglas claras de urbanización, que acoten el problema que se ha convertido el dotar con servicios a barrios lejanos y al mismo tiempo convivir con chacras implantadas en zonas urbanas.

El Estado azuleño a través de sus poderes Ejecutivo y Legislativo tiene la oportunidad histórica de debatir, consensuar y promulgar una ordenanza que sepulte a la actual, viciada de excepciones, brindando un debate participativo y comunal, con los colegios profesionales, los sectores productivos, culturales y las instituciones intermedias que deseen fortalecer esta acción.

Sin dejar de tener atención en la emergencia sanitaria, ya podemos iniciar la agenda post pandemia con foco en el Desarrollo de otro Partido, en que sus ciudadanos además de poder acceder al suelo, puedan tener acceso a servicios públicos de calidad; agua y cloacas muy importantes para la salud, gas natural en una región caracterizada por el frio, energía eléctrica y conectividad urbana en buen estado a la que pueda acceder el transporte público. Todo redundará en una mejor calidad de vida de nuestra población.

(*) Nueva Comuna - nuevacomunaazul@gmail.com