Alrededor de una decena de internos había iniciado ayer por la mañana una huelga de hambre en la Unidad 7, la cárcel de varones perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense con asiento en esta ciudad.

La medida estaba enmarcada en protestas similares que desde un día antes se comenzaron a llevar a cabo en diferentes penales de la Provincia.

Con relación a otras cárceles que dependen del Departamento Judicial Azul, ayer a la tarde se tuvo conocimiento que todos los internos que ocupan los pabellones de máxima seguridad de la Unidad 2 de Sierra Chica se habían plegado a la medida. Y lo mismo había ocurrido con más de setecientos reclusos alojados en la Unidad 30, la cárcel considerada de “máxima seguridad” con sede en General Alvear, quienes también se declararon en huelga de hambre. En este caso en particular, en el Sector 3 y en dos pabellones del Sector 2 del penal.

Algunas imágenes de lo que está siendo la protesta trascendieron a través de las redes sociales, fotos en las que se observaba a los reclusos exhibiendo diferentes telones en los que daban cuenta de que están formando parte de esta medida.

Uno de los principales reclamos de los presos pasa por la falta de una adecuada alimentación, una situación que no es nueva, que ya ha sido denunciada en otras ocasiones y que –incluso- fue reconocida ayer por los funcionarios salientes del Ministerio de Justicia de la Provincia.

Según señalaron desde esa cartera bonaerense, hubo una falta de alimentos en noviembre, aunque después –aseguraron- esa situación ya se había normalizado.

Ese panorama va de la mano con la presunta falta de pago a proveedores de alimentos y se registra en medio de situaciones donde en varios de los penales de la provincia los reclusos señalan que, además del faltante de comida, lo que actualmente les dan son alimentos en mal estado.

Pero la huelga de hambre iniciada en penales de la provincia de Buenos Aires incluye también otros reclamos, los cuales se dieron a conocer ayer a través de diferentes petitorios escritos por los propios internos, quienes aspiran a que sus reclamos sean oídos desde el Poder Judicial.

En ese contexto, se habla de superpoblación y hacinamiento. Además, los internos reclaman por las agilizaciones de las causas penales donde figuran procesados -la gran mayoría permanece privado de la libertad sin una sentencia firme-, todo lo cual se registra en un contexto donde, según cifras oficiales, el gobierno que cesó su mandato ayer incrementó significativamente en territorio bonaerense la cantidad de reclusos que hay, después de su llegada al poder en 2015.

En la cárcel de Azul y en otras de la región

Volviendo a lo que sucedía específicamente en Azul, desde horas de la mañana de ayer trascendió que unos diez presos que permanecen en la Unidad 7 se habían plegado a esta medida de protesta, en sintonía con lo que ya venía sucediendo en otros penales del interior bonaerense desde un día antes y con lo que, a partir de la semana pasada, estaba sucediendo en cárceles situadas en el Gran Buenos Aires.

Ayer a la tarde los medios de prensa porteños estimaban que eran más de nueve mil los presos que se habían sumado a esta protesta en los diferentes penales.

También, se mencionaba que la huelga de hambre había comenzado en la Unidad 9 de La Plata y que después se fue extendiendo a otras cárceles, llegando incluso a formar parte de esta medida varios de los internos que permanecen alojados en los penales con asiento en el ámbito del Departamento Judicial Azul.

Los más numerosos en cuanto a cantidad de reclusos, y en los cuales se registran mayores condiciones de superpoblación, son la Unidad 2 que está en Sierra Chica y la Unidad 30 con asiento en Alvear.

En el caso de la Unidad 7, la cárcel de varones ubicada en el Barrio El Sol de Azul desde donde ayer se tomó conocimiento que diez internos se habían plegado a la medida, la protesta -al parecer- transcurría de manera pacífica y con total normalidad.

Los protocolos en casos así implican que desde el Servicio Penitenciario Bonaerense se tengan que implementar medidas sanitarias para garantizar las condiciones de salud de los presos plegados a una protesta de estas características.

Internos alojados en la Unidad 7 y en el complejo carcelario que está en Sierra Chica se habían comunicado ayer con sus defensores para dar cuenta de la situación, denunciando en esos casos lo que uno de esos abogados que dialogó con EL TIEMPO calificó como “condiciones infrahumanas en las que se encuentran privados de sus libertades, como así también con relación a la alimentación que reciben”.

Al parecer, esa situación relacionada con el déficit alimenticio se puede palpar de manera más significativa en las unidades con asiento en la localidad olavarriense de Sierra Chica que en el penal de varones de Azul.

Fuentes penitenciarias consultadas ayer señalaron que en la Unidad 7 la cantidad de internos varones alojados es actualmente de 331, una situación que no se traduce en una gran superpoblación, teniendo en cuenta que meses atrás había sido inaugurado un anexo en ese penal.

Pero esa realidad dista bastante de lo que actualmente sucede en otros establecimientos carcelarios de la región y de toda la provincia. Sobre todo, en aquellos con mayor capacidad y en los que se registra una mayor cantidad de presos alojados.

Los más de 9.000 internos que hasta ayer estaban participando de esta medida de fuerza -la más significativa que se registra de la mano del gobierno que ayer finalizó su gestión en la provincia de Buenos Aires- representaban casi el 20 por ciento de esas 46.000 personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad en las 57 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En ese contexto, donde más se estaba haciendo sentir la protesta, teniendo en cuenta la cantidad de internos adheridos a esta huelga de hambre, era en la Unidad 21 de Campana y en la Unidad 6, con sede en la ciudad de Dolores.

En esos penales, la casi totalidad de ambas poblaciones carcelarias decidió adherir ayer a la medida, en medio de la coyuntura que ahora se registra de la mano de la llegada de un nuevo gobierno en la provincia de Buenos Aires, tras la asunción ayer de Axel Kicillof en reemplazo de María Eugenia Vidal.

“Dos panes por día” 

La falta de alimentos en las cárceles de la provincia es una situación que desde hace varios meses la Comisión Provincial por la Memoria ha venido denunciado, teniendo en cuenta lo que sucede en las unidades del SPB.

Esas presentaciones han sido formuladas ante la justicia. Según se ha podido constatar, entre otras cuestiones obedece a la falta de pago del Estado provincial a los proveedores de alimentos.

Dicha situación tiene una injerencia directa con las comidas que les dan a los internos, alimentación considerada como “escasa, mala y desequilibrada” y que trae como grave consecuencia que los internos padezcan problemas de salud.

“La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltantes de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia”, se había indicado en el informe más reciente de la Comisión Provincial por la Memoria sobre esta problemática.

Desde la Justicia la situación fue reconocida también como crítica. Al respecto, vale como ejemplo lo mencionado desde la Defensoría General de Azul tras una visita a la Unidad 30 llevada a cabo tiempo atrás.

Después de realizada esa recorrida por el penal, se presentó un habeas corpus donde se denunciaba una grave situación de desabastecimiento alimenticio en la cárcel con sede en General Alvear.

“Hay faltante de carne desde hace seis días. Tampoco hay verdura o frutas, siendo los únicos alimentos en stock fideos para una única comida, polenta y arroz, aceite y salsa de tomate”, se mencionaba al respecto desde la CPM. Y lo señalado por un interno alojado en ese penal servía para graficar aún más esa deficiente situación: “Desde hace tres días sólo como dos panes por día”, le había referido al funcionario judicial de la Defensoría General de Azul que se había entrevistado con él.