Según un informe presentado por la directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, Lucía Iañez, un total de 7.865 casos fueron canalizados a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJUS), 1.768 por los Centros de Protección de los Derechos de las Víctimas (CPV), y los restantes 369 por el Programa TRATA.

Iañez destacó que "el Acceso a la Justicia no se encuentra satisfecho con la sola posibilidad de acceso a la instancia judicial, sino que se requiere que la tutela judicial o administrativa de los derechos resulte efectiva, oportuna y que permita resolver definitivamente las problemáticas de las personas".

Expuso que la nueva red de 22 CAJUS está destinada "a acercar el Estado a la ciudadanía y garantizar el acceso directo de los sectores vulnerables a sus derechos, con una clara perspectiva de género".

Así, de los 7.865 casos que atendieron, 3.978 correspondieron a garantizar el servicio de justicia y 3.890 para solicitar el acceso a derechos humanos fundamentales que tutelan otros organismos del Estado provincial y nacional, y demandan una gestión multiagencial como casos de violencias; atención psicosocial; soluciones habitacionales; laborales; de documentación y de salud.

El informe destaca que el 58% de las personas asistidas por acceso a derechos son mujeres, mientras que el 42,% son hombres.

Desde el CPV y los CAJUS se registraron 1.768 consultas y se establecieron 1.031 demandas, que fueron acompañadas por equipos de psicólogos, trabajadores sociales, abogados y personal administrativo.

Se explicó que la mayor cantidad de casos atendidos están vinculados a delitos de abuso sexual infantil, casos vinculados a violencia familiar, asistencia por homicidio, amenazas, amenazas de muerte, tentativa de homicidio, averiguación de paradero, lesiones, grooming y siniestros viales.

En tanto, el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata se encuentra realizando la asistencia y acompañamiento a 369 personas víctimas.

También este año se conformó el Consejo de Víctimas junto con la Subsecretaría de Política Criminal, un espacio creado para incorporar la perspectiva de la víctima a las distintas acciones de la cartera de justicia.