Provinciales

Provinciales

Prorrogan hasta el 31 de marzo las presentaciones de DDJJ iniciales de funcionarios

3 de febrero de 2020

Si bien está estipulado por decreto que la DDJJ deberá ser presentada dentro de los 30 días hábiles a partir de la fecha de notificación del acto administrativo de designación de los funcionarios, el Ejecutivo prorrogó el plazo basándose en que se están adecuando las estructuras ministeriales a la nueva Ley de Ministerios y la Ley de Emergencia sancionadas en diciembre "con el objetivo de sanear el Estado Provincial".



A través de la resolución 39 publicada este lunes en el Boletín Oficial del distrito, se explicó que la plataforma GDEBA está siendo actualizada "a efectos de poder realizar la carga de datos en forma correcta", por lo que "se ha vuelto de cumplimiento imposible el plazo fijado" en la norma.



Por lo tanto, se añade, "con el objetivo de poder cumplimentar en debida forma lo estipulado en la norma, resulta indispensable prorrogar la fecha de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales al 31 de marzo del año en curso".



La Ley 15.000, aprobada en 2017 por la Legislatura, complementó el decreto firmado por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal un año antes incorporando a la lista de sujetos obligados a presentar sus declaraciones juradas a legisladores y candidatos a cargos electivos.



La reglamentación dispuso que sea el Ministerio de Justicia el encargado de garantizar el cumplimiento de la ley, mientras que precisa que los candidatos obligados a presentar su declaración patrimonial son los postulantes a gobernador, vicegobernador, diputados y senadores.



Consigna además que la Declaración Jurada Patrimonial deberá contener la totalidad de los datos personales, patrimoniales y de ingresos y egresos -tanto en el país como en el extranjero- del sujeto obligado, cónyuge o conviviente, hijos menores no emancipados y de las personas a su cargo. (DIB) FD


Comparte tu opinión, dejanos tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.