La decisión fue oficializada a través de una resolución del Ministerio de Infraestructura firmada el 28 de octubre, día posterior a las elecciones. Se trata de un incremento promedio del 25% que aplicarán las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN, EDES y las 200 cooperativas que operan en pequeñas localidades del interior.

El incremento ya había sido autorizado a principios de este año, en un esquema escalonado del que el Gobierno solo aplicó la primera parte, ya que en abril congeló el resto de las subas en el marco de un paquete de "alivio" lanzado a fines de abril para complementar medidas anunciadas por Nación para mejorar la situación económica y social en la previa de las PASO.

Ahora, tras las elecciones, la administración bonaerense resolvió continuar con el último tramo de los aumentos, que tendrá un impacto promedio del 25% en las tarifas y se aplicará de manera retroactiva al 1° de agosto, aunque los usuarios recién comenzarán a pagarlos en enero, con intereses.

Esto se debe a que el Gobierno resolvió, al igual que el año pasado, "prorratear" las subas para que no tengan tanto impacto durante los comicios y sobre el fin de año. De todos modos, a partir de enero los usuarios eléctricos bonaerenses tendrán que afrontar, además del incremento que empezará a correr ese mes, el pago de las diferencias generadas entre agosto y diciembre de este año.

Ese cargo se leerá bajo el ítem "Incremento de Costos Tarifarios (ICT)", ya aplicado durante este año para costear una prórroga similar aplicada el año pasado. Como el ICT se siguió cobrando luego de que los usuarios saldaran esa deuda, fuentes oficiales estimaron que en 2020 solo deberán hacer frente al 40% de la diferencia no abonada.

Quejas

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) cuestionó los incrementos autorizados por el Gobierno y los calificó como un "regalo a las empresas eléctricas por parte de María Eugenia Vidal y un castigo a millones de usuarios que no pueden afrontar el pago de sus facturas".

La entidad recordó que impugnó en la Justicia los incrementos anunciados, y aseguró que las subas autorizadas a partir de enero "es un grosero exceso en las funciones de la gobernadora, a quien le resta poco más de un mes para dejar el cargo". Además, calculó que las subas anualizadas para una familia de consumo moderado serán del 121%.

Por último cuestiona otro de los puntos de la resolución, que posterga por nueve meses el pago de las penalidades establecidas a las empresas por mal servicio: "Esa postergación de plazos además es sin indexaciones debido a la inflación", indicaron. (DIB) JG